La reciente avalancha en el Barrio San Martín exige el reajuste integral de los contenidos del POT, antes de su aprobación.
A pesar del sesgo conservacionista que transmite el nuevo modelo territorial, las proposiciones sobre la gestión del riesgo no se ajustan a la normatividad, ni dilucidan el alcance de los estudios básicos requeridos al presente para proteger los suelos en condición de amenazas y riesgos. Esto se sintetiza, primero, en la falta de mapas precisos sobre tales suelos, y segundo, ante este vacío y como medida determinante, en la presumida zonificación de ciertos sitios priorizados para realizar estudios de detalle a futuro. Además, la cartografía del POT se presenta de forma general, no a nivel de predios o del elemento expuesto analizado, como lo determina la norma.
A la luz de estas desviaciones, entonces, en la nueva propuesta no se precisan las áreas con riesgos no mitigables (a nivel de predios), derivadas de los estudios básicos necesarios para seleccionar los asentamientos y actividades a reasentar y relocalizar; tampoco se puntualizan allí las obras de mitigación para prevenir tales riesgos en el horizonte del plan. Y surgen dudas respecto a la realización de los estudios básicos en los centros poblados rurales, imprescindibles en esta etapa.
Se suma también la omisión del detalle metodológico y del cómo se englobaron las áreas objeto de estudios posteriores, a escalas 1:5000 y 1:25000 en el ámbito urbano y rural, respectivamente. Luego, al parecer, sólo se manipula la escala 1:100.000 disponible en Corpamag.
Este escenario incierto converge con la ausencia de una política concreta e integral de vivienda de interés social, en donde la relocalización y el reasentamiento humano por razones de amenazas y riesgos ocupen un lugar central o estructural en el nuevo POT.
En cascada y sin contención, a la postre, los vacíos de este refutable enfoque se extenderán hacia los cerros urbanos de la ciudad.
Precisamente, el recién desplomado Cerro Ancón, y otros contiguos o apartados, carecen de la determinación y zonificación en planos de las áreas de riesgos, por amenazas naturales o por condiciones de insalubridad. Mientras que los inciertos y postergados estudios de detalle sólo cobijarán Timayui – Alpes y Bastidas – Chimila - Altos de Bahía Concha y demás elevaciones del sector nororiental.
La incertidumbre se eleva cuando el plan parcial se convierte en el instrumento de gestión condicionante del desarrollo de los planes urbanos de borde perfilados para los cerros urbanizados, sin proveer pormenores sobre la recalcada zonificación del riesgo en esos sitios sobrepoblados, en ocasiones.
Los Barrios San Martin, San Jorge, San Fernando, Nacho Vives, María Eugenia, El Pando y otras urbanizaciones informales localizadas en el flanco de los parques Dumbira, Bondigua y Paz Verde, recibirán acciones de mejoramiento integral; tratamiento éste que de paso envuelve la legalización tácita de invasiones y ocupaciones ilícitas por parte del Distrito. Otros cerros costeros, como Gaira-Ziruma, Rodadero - Puerto Luz, Playa Lipe y Playa Inca Inca, soportarán densidades de 200 unidades y alturas de 21 pisos, con el regresivo esquema de cargas de edificabilidad para compensar la presión urbanística sobre sus frágiles suelos.
Ante la vulnerabilidad poblacional, y las restricciones dispuestas sobre el aprovechamiento del suelo, falta examinar las actas de concertación y acuerdos adelantos con Corpamag y el Dadsa, como autoridades ambientales competentes. Pues, lo expuesto hasta aquí demanda la no aprobación del Pot, de acuerdo con la Ley 388 de 1997, y los decretos 1523 de 2012, 1807 de 2014, y 1077 de 2015.