Escrito por:
Hernando Pacific Gnecco
Columna: Coloquios y Apostillas
e-mail: hernando_pacific@hotmail.com
Las cartas estaban echadas y el juego era dominado por un protagonista tramposo y amenazador, ahora puesto en evidencia.
Ese tramposo actor tiene nombre propio: las EPS y su gremio, Acemi. Los líderes de la rebelión han sido el actual Gobierno en cabeza del presidente Santos y los gremios médicos en representación del sector salud, quienes lograron un acuerdo que propone poner fin a la dictadura de las EPS, consentida y propiciada por los anteriores gobiernos, y nunca cuestionada por los entes de control.
Un esquema que generó la corrupción jamás imaginada conduciendo al sistema a un caos generado por el saqueo a la salud por parte de unos dirigentes sinvergüenzas e indolentes con el sufrir del ciudadano colombiano, una actitud que sólo puede calificarse de criminal.
El proyecto del ley 155 de 1993, convertido después en la inefable Ley 100, planteaba una reforma al régimen pensional.
Durante su tránsito por el Congreso fue adicionado con el componente salud, con la intención de implantar un nuevo sistema en el que los todos los colombianos tuvieran acceso a una medicina de calidad, oportuna y universal en su cobertura. Se reorganizaba el esquema vigente y entraban al juego las aseguradoras: EPS, ARS y ARP.
Con el traumatismo inicial del cambio, el sistema inició y, tal como lo dispuso la ley, era alimentado con recursos adicionales provenientes de las regalías del petróleo, las loterías, el consumo de licores y cigarrillos, entre otros.
La joya de la corona era el Fosyga, bolsa a la que unos pocos pero poderosos personajes le apuntaron a saquear, y a fe que lo lograron. Las EPS, por los laditos, empezaron a incumplir las reglas. Establecieron de a poco sus propios centros de atención hasta tener grandes redes sacando del juego a las instituciones y profesionales independientes.
Su personal no estaba dentro del régimen laboral, evadiendo esas IPS propias todas las obligaciones legales al contratar los servicios a través de cooperativas. Pusieron rígidos y coercitivos controles a la solicitud de estudios diagnósticos, formulación de medicamentos y tratamientos. Procuraron sacar de su listado a los pacientes de alto costo, y aprovecharon las debilidades del sistema para montar el saqueo de los recursos de salud.
Se lucraban con el dinero ajeno al demorar injustificadamente los pagos a terceros por la atención de los pacientes fuera de sus redes, debilitándolos al punto de la asfixia financiera. Llegaron a tener holdings para que el recurso de la salud recaudado por ellos no saliera de su organización: controlan a través de empresas propias la adquisición y suministro de medicamentos e insumos, la vigilancia, restaurantes y cafeterías, su propia finca raíz; todo un yo con yo, nada se les escapa. Por otro lado, las organizaciones ilegales hacían su agosto con el régimen subsidiado y nadie se daba cuenta.
No contentos todavía, dispusieron de los dineros de la salud para usarlos en construcción ya no de clínicas sino de hoteles, torres de oficinas, conjuntos de viviendas y otras inversiones distintas a los fines que tenían por ley. La voracidad del corrupto no tiene límites: los recursos del Fosyga pronto empezaron a flaquear por el asalto matrero a que fue sometido.
Las alarmas sólo se dispararon cuando ya no hubo dinero suficiente para atender tanta necesidad y la sociedad clamaba por respuestas claras.
Mientras tanto, inútilmente el anterior Ministro de la Protección Social intentaba dar explicaciones de su inacción, insuficientes y poco creíbles; las autoridades parecían temerosas de actuar ante el gremio de EPS, y no aparecían por ninguna parte los entes de control. Era, pues, en un escenario ideal la mejor feria posible para estos pícaros.
Todo tiene su final, cantó Héctor Lavoe, nada dura para siempre. El hastío de los pacientes, los profesionales de la salud y de la gente de bien llegó a su límite y el cambio de gobierno propició algo que antes no cabía: el diálogo. Por vez primera, los dirigentes médicos tuvieron escucha y el actual Gobierno Central se entera de primera mano y no de oídas, del desbarajuste de la salud y sus razones. Rápidamente se llega a un acuerdo que debe producir, esperamos, un justo y necesario cambio de rumbo: las EPS deben volver a su papel de aseguradores y quedarse ahí, quietas en primera; el Gobierno tendrá el control de los recursos y se espera que fluyan rápida y debidamente a su destino; los médicos tendrán autonomía en el manejo del paciente con estricta vigilancia, ahora sí, de los entes de control lo que a su vez cumplirán los roles que les fueron asignados.
Lo más importante, el paciente puede llegar a tener una atención de calidad decente, oportuna y completa al eliminar el listado POS. Se intervendrá al Invima, hoy politizado, burocratizado; por ello ineficiente y de bajo nivel técnico, desviado de sus funciones naturales, y alejado del merecido respeto internacional que tuvo hace no muchos años.
El Instituto Nacional de Salud debe volver a cumplir las funciones que le fueron asignadas en su creación y por las que brilló en un pasado ya no tan reciente. Si usted, doctor Santos, logra esos objetivos, (y tomo sus propias palabras) le habrá valido la pena ser presidente. Los colombianos de a pie le estaremos agradecidos cada vez que necesitemos servicios de salud.