El proceso licitatorio que se adelanta por parte de la Unidad de Parques Nacionales para adjudicar la concesión de la operación de servicios ecoturísticos del Parque Tayrona durante los próximos 23 años, ha sido motivo de debate nacional durante las últimas semanas debido a las observaciones que algunos sectores han presentado frente a los pliegos de condiciones del proceso.
Una de las críticas más fuertes al proceso licitatorio, es que éste se basa en el modelo de la concesión saliente, cuyos resultados en términos de inversión y mantenimiento de la infraestructura de servicios que ofrece el Parque, fueron lamentables. Además de esto, algunos consideran que el modelo promovió un desarrollo desordenado de actividades en el área, que aparte de haber propiciado la informalidad, facilitó el deterioro ambiental de dicho patrimonio.
Otro de los cuestionamientos, recae sobre la ecuación financiera de la licitación. A juicio de expertos ésta resulta lesiva para la sostenibilidad del área protegida, dado que los ingresos del Parque estarían distribuidos de manera desproporcionada e injustificada en beneficio del concesionario, mientras que las obligaciones de inversión por parte de este, no compensarían las necesidades de operación, adecuación y mantenimiento del área.
Además de lo anterior, durante el debate de control político al que fue citada la directora de Parques Naturales, Julia Miranda, algunos de los reclamantes advirtieron el riesgo de adjudicar esta concesión en medio del también cuestionado proceso de construcción del Plan de Manejo del área protegida, pues consideran que eventualmente el alcance operativo de la concesión podría verse afectado en función de los usos resultantes del ordenamiento ambiental.
A pesar de las validas exhortaciones y cuestionamientos, la directora Miranda siguió con el proceso. Al parecer la Directora olvida que si bien la Unidad de Parques ejerce autoridad sobre el Tayrona, este no deja de ser un territorio estratégico para la ciudad de Santa Marta, por tanto las acciones y/o intervenciones sobre este, impactan socioeconómicamente su población. En virtud de esto, no debería actuar de espaldas a los intereses locales.
En función de lo anterior, es imposible no hacer referencia al reclamo postergado de la sociedad samaria para que la Nación reconozca la deuda que tiene con nuestra ciudad, pues desde cuando fue declarado el Tayrona como área protegida, se despojó a Santa Marta del territorio con mayor potencialidad para el desarrollo de su vocación turística. En su momento, debió exigirse a la Nación disponer un sistema compensatorio para la Ciudad, dado el costo socioeconómico que ésta tendría que asumir por cuenta de la satisfacción del interés nacional.
Aunque algunos no son conscientes de ello, ésta escisión territorial nos ha costado como región en términos de generación de empleo, ingresos fiscales, calidad de vida, competitividad, entre otras oportunidades de desarrollo. Ahora bien, esto podría equipararse con los impactos que generaría la declaración de áreas protegidas de zonas estratégicas regionalmente como son los cañaduzales para el Valle del Cauca, la zona cafetera para el Quindío y ni que decir de la zona norte de Cartagena, donde actualmente se ejecutan proyectos inmobiliarios de alto impacto para la oferta turística de dicha ciudad.
Pese a estas poderosas razones, el débil y anestesiado liderazgo local hace imposible un reclamo exitoso. Sino, cómo explicar el desinterés del gremio turístico local frente al debate, pese a tratarse de un territorio estratégico para el sector. Por su parte, las autoridades locales reflejan con su indiferencia, el desconocimiento de los impactos para la ciudad, de que se nos impongan los costos sociales, ambientales y económicos de un mal modelo para la operación de una parte de nuestro territorio, mientras las ganancias se privatizan.