Colombia afrontará el próximo jueves, 21 de noviembre, marchas y un paro nacional de protesta social en contra del actual gobierno que preside Iván Duque Márquez desde hace más de un año y tres meses.
Es claro que la protesta social, manifestaciones, marchas y hasta los paros son viables en el marco de los derechos ciudadanos pero estos eventos deben realizarse en un ambiente de respeto y nunca para propiciar el desorden, la anarquía, la destrucción de bienes del estado y de empresas y negocios personales; mucho menos para afectar los servicios públicos como el del transporte y provocar muertes y heridos.
Tal como se ha visto la mayoría de los hechos de vandalismo son protagonizados por individuos que esconden sus rostros; entonces es por lo mismo que pedimos que se rechace la participación de los encapuchados.
Está demostrado que el individuo que esconde su rostro es de por sí un elemento peligroso y lo hace para hacer el mal y no ser identificado en forma fácil.
No nos digamos mentiras esos grupos de manifestantes encapuchados que otrora expresaban su descontento en las universidades públicas colombianas ahora son delincuentes que quieren y propician el desorden y las pérdidas económicas.
Ahora bien, sobre los argumentos para realizar la protesta social estamos plenamente de acuerdo. Es que el ciudadano corriente lo que desea del Gobierno Nacional y el Congreso, entre otras, son una serie de medidas y pronto en materia de seguridad ciudadana, en los servicios de salud, en la manera de administrar justicia, medidas en pro de más fuentes de trabajo, disposiciones para acabar la inmoralidad administrativa y la reducción del aporte de salud de los pensionados. Es que Colombia, según organismos internacionales y el DANE, es un país desigual, mídasele como se le mida: en distribución de tierras, concentración de las cuentas bancarias, oportunidades de trabajo y actividades económicas.
A la presente época consideramos que el actual mandatario, Iván Duque Márquez, debe propiciar un debate nacional para analizar y buscar medidas concertadas sobre los asuntos pendientes que más interesan a sus gobernados; en el debate nacional deben estar la clase política, la iglesia, los voceros de los trabajadores y pensionados; también los representantes de los más importantes gremios de la producción y los campesinos.