Escrito por:
Tulio Ramos Mancilla
Columna: Toma de Posiciones
e-mail: tramosmancilla@hotmail.com
Twitter: @TulioRamosM
He leído y escuchado una extraña especie que, a quienes nacimos a la conciencia con la Constitución Política promulgada en 1991, nos parece un exabrupto.
que la elección popular de alcaldes y gobernadores no hizo sino incentivar la corrupción en nuestro país, como si antes de 1988 no hubiera habido políticos ladrones, o acaso como si en la céntrica Bogotá de las decisiones no existieran bandidos de múltiples pelambres, y solo se los contara en los pueblos. Como lo puede ver el lector, se trata de una absurdidad mayúscula, que no tiene pies ni cabeza, y que es, a más de ofensiva y producto del prejuicio y de la ignorancia, especialmente hija de cierta exquisita candidez.
Uno de los que ha ilustrado a la ciudadanía con esto es el fiscal general de la Nación encargado, el renovado Fabio Espitia (los que vieron derecho penal con él en el Externado se extrañan de que ya no grite y patalee). Y, otro, es un habitual columnista de estas páginas, a quien tenía por inteligente, a pesar de su partido. Ahora no creo que deba leerle nada: a veces los prejuicios esconden vaticinios.
Con el paso de los días, he ido aceptando que, iguales a Espitia, y al opinador mencionado, hay por centenas de miles en la dimensión desconocida nacional: gente nostálgica de una época en la que el presidente de la República era un remedo de monarca que, nadando bajo los densos catarros de la fría capital, al calor de unos güisquis quizá, se reunía con los mandamases de una región, godos y cachiporros, para designar al gobernador departamental, y entonces entre esos cinco o seis padres del atraso de hoy trocearse ese departamento milimétricamente, a fin de asegurar “la paz” para “las fuerzas vivas” (nunca he sabido qué significa este pleonasmo, qué quiso decir el que se lo inventó, porque, ¿no está una fuerza necesariamente viva?) que a su turno nutrían a “la clase dirigente” (?) de la localidad; y, así, nombrar a los alcaldes municipales, otra vez, a capricho o a conveniencia, devolviendo un favor o haciendo uno por anticipado, a crédito (había que pensar en el futuro).
Admitir que la podredumbre pública es exclusiva de la democracia sería semejante a afirmar que la vida es la culpable de la enfermedad: una idiotez. Es obvio que el tránsito de un sistema casi feudal a uno participativo (con un ciudadano seguro de sí, de mejor amor propio, atenazado por la necesidad de tomar el control de su destino) no se iba a dar de la noche a la mañana: debe surtirse un proceso que, apenas, va en tres décadas. A los europeos occidentales lo mismo les costó siglos enteros y muchos más muertos.
Así que bien valdría dejarse de romances con un pasado en realidad peor que el presente, por difícil que resulte creerlo. De hecho, entreveo que los vicios territoriales actuales –que abundan- son preferibles a la larga: al menos, el responsable de todo está en el espejo.