¡Que 40 años no es nada…¡

No es un secreto. Hemos construido y deconstruido políticas públicas rurales, con base en percepciones, cálculos empíricos o expansiones y generalización muestrales, que en ocasiones sólo han servido para resolver disputas políticas y no técnicas.

Ello sin demeritar importantes aportes recientes, como el realizado en el censo de población de 2005, e incluso desde múltiples instancias regionales, pero que se quedan cortos en su metodología, cobertura geográfica y temática.

El campo es un escenario excepcional. No sólo es heterogéneo en su oferta agropecuaria, diverso en su capital humano y cultural y asimétrico en oportunidades para crecer y acceder a bienes públicos, sino que es extremadamente complejo, por sus procesos de ocupación y uso del territorio. Razones de peso, que justifican el estudio integral e independiente de sus realidades.

Necesitamos cifras y requerimos que se produzcan con regularidad, bajo parámetros comparables internacionalmente y sobre una batería de tópicos, fundamentales para evaluar lo que hemos hecho hasta el momento con el campo colombiano.

Pero, también, para crear los escenarios hacia donde esperamos llevarlo, de cara a un mundo que clama por una oferta de productos primarios que garantice la seguridad alimentaria, fuentes alternativas de energía y cumplir con los objetivos del desarrollo del milenio. Diría que este censo es el insumo, para el vuelco que se está produciendo en la ruralidad e inclusive para la aplicación, en buena medida, de las leyes de víctimas, ordenamiento territorial, regalías y desarrollo rural, que empiezan a sonar.

Necesitamos saber ¿cómo es hoy el país rural? ¿cuánto pesa realmente en el PIB? y ¿cuáles son las verdaderas cifras contables de la oferta nacional agrícola y pecuaria? Pero más allá de los datos productivos y de su valor, extensiones y usos del suelo, el país requiere observar ¿quiénes son nuestros productores?

¿cuál es la naturaleza de los hogares rurales y sus necesidades? ¿cuánto hemos avanzado en la reducción de la pobreza y en la cobertura de bienes públicos como escuelas, centros de salud, vías, acueductos, distritos de riego y drenaje, electricidad, instancias para aplicar justicia y mantener la seguridad?

Las décadas de ausencia del Estado y su institucionalidad en la ruralidad, con todo lo que ello representó en materia de violencia y desigualdad, bien amerita respuestas de fondo a partir de bases ciertas.

En otras palabras, las decisiones de políticas públicas, destinadas a acelerar la locomotora agropecuaria y propulsar sus proyecciones en los mercados local y externo pero, además, para mejorar la calidad de vida, la protección de los derechos fundamentales del hombre del campo y asegurar un futuro digno para miles de niños y jóvenes campesinos, no pueden ser fruto de 40 años más de improvisación.