Una precisión: una cosa es un desaparecido en el sentido coloquial del término, es decir, persona de la que no se sabe su paradero, y otra una víctima de “desaparición forzada”, un calificación del derecho internacional que exige que haya prueba de que una persona estaba privada de su libertad en poder del Estado (o de una organización política) y se niegue a admitir esa privación o no se de información sobre su suerte o paradero “con la intención de dejarla fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.
Así, no hay duda de que por muchos años no se sabía del paradero de las once personas referidas. Pero hay mucho trecho de ahí a establecer que fueron víctimas de desaparición forzada. Lo que muestra el trabajo de la Fiscalía y Medicina Legal es que, al menos con los ocho identificados, no hubo desaparición forzada. Con todos los identificados ocurrieron una de dos cosas: o se entregaron los restos como si fueran los de otra persona y se enterraron equivocadamente o se encontraron dentro de los restos exhumados en 1998 de la fosa común del Cementerio del Sur, donde fueron sepultados desde septiembre de 1985 los cuerpos no identificados en el Palacio y que tras la exhumación fueron repartidos entre el departamento de Antropología de la Universidad Nacional, Medicina Legal y la Fiscalía.
¿Por qué no se hizo antes la identificación? Por un conjunto de razones: primero, porque el levantamiento de cadáveres, el manejo de la escena, los procedimientos de identificación y entrega de cuerpos tras la recuperación de Palacio fue un absoluto desastre; segundo, porque el fuego que consumió el Palacio y que alcanzó los 1.500 grados centígrados dejó muchos cuerpos calcinados, haciendo muy difícil la identificación de los restos; tercero, porque hasta hace pocos años no se contaba con los procedimientos, especialidades forenses y desarrollo tecnológico, como por ejemplo banco de datos e identificación por ADN, que se tienen hoy; y finalmente porque por muchos años no hubo ningún interés en la Fiscalía de avanzar en la identificación de los restos y establecer lo que verdaderamente ocurrió con esas personas.
En 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos abrió un caso contra Colombia por estos “desaparecidos”. Fui designado agente del Estado y mi respuesta a la demanda fue que Colombia debía reconocer errores en el manejo del Palacio tras la recuperación por la Fuerza Pública y fallas en el sistema de administración de justicia, incapaz por décadas de dar respuesta a los familiares. Pero me negué a reconocer que había “desaparecidos forzados”, excepto Irma Franco, porque en el examen del caso no había pruebas inequívocas de que esas personas hubieran salido vivas, ni de que hubieran quedado en poder del Estado, ni que en sus manos hubieran desaparecido, y porque ya entonces había información suficiente para pensar que los “desaparecidos” en realidad eran no identificados o identificados equivocadamente. Lo que pedía era que se hiciera esa tarea y solo después se decidiera el caso. Esa posición me costó el ataque sistemático de los medios, de Ruth Stella Correa, entonces Ministra de Justicia y de otros funcionarios del gobierno que se negaban a buscar la verdad y creían políticamente inconveniente cuestionar la idea mito de los “desaparecidos” del Palacio. Como los hechos no coincidían con lo que me pedía el Gobierno, como estaba convencido de que mi tarea era defender al Estado con la verdad y no ceder a posiciones políticas o ideológicas, devolví el mandato.
Santos designó otro abogado y se renunciaron a muchas pruebas que yo pedía. Colombia fue condenada a fines del 2014 por nueve desapariciones. Sin embargo, la Corte no condenó a Colombia “respecto de los casos específicos de Norma Constanza Esguerra y Ana Rosa Castiblanco [cuyos restos fueron identificados en el 2000 y el 2013, porque] existen indicios que… apuntan a su fallecimiento dentro del Palacio de Justicia durante la toma y retoma”. Exactamente lo mismo se puede decir hoy de los seis identificados desde entonces.
¿Desaparecidos en el Palacio? Salvo Franco, parece que no. Aún faltan restos por identificar.