El Acuerdo de Paz, puso fin al conflicto armado, para avanzar a una fase de construcción colectiva de la Paz.
Se suscribió en medio de muchas tensiones, pero fue el baldado de agua fría a los guerristas, en una coyuntura crítica de derrota estratégica a la lucha armada, en el que se evidenciaba que ni la fuerza pública podría vencer, en solución final, a las guerrillas ni la insurgencia podría tomarse el poder, por la vía de las armas.
Mucha sangre se derramó, durante y después del conflicto. Desde cuando se suscribió el Acuerdo de Paz, han sido asesinados más de 830 actores sociales, políticos y gestores de Paz, así como más de una centena de excombatientes de las Farc, pese a que esta organización, otrora insurgente, dejó las armas y transitó a la democracia, convirtiéndose en un partido político que, hasta en condiciones igualitarias con otros movimientos, participaría en las pasadas elecciones.
Cualquiera diría que, con la decisión errada de rearmarse de algunos ex miembros de la mesa negociadora del proceso de Paz por parte de las Farc, se padecería una de las tantas guerras de la Paz o que se inicia una nueva etapa del conflicto. Dependiendo del ojo que se mire, o se llore, algunos actores hablan de perfidia, otros de combinación de todas las formas de lucha, de falta de voluntad de Paz, de incumplimiento de acuerdos, de llamar a un gran pacto nacional por la defensa de la Paz, o, inclusive, de volver a desconocer la existencia de un conflicto social y político en el país.
Asimismo, la falta de inclusión en política de actores de la oposición, determinó que en el Acuerdo de Paz, se priorizara el punto de participación política, basado en la apertura democrática que posibilitara asegurar que se rompa para siempre el vínculo entre la política y las armas.
En ese sentido, la idea de la cultura de paz fundaría el postconflicto. Sin embargo, si desde el poder público o quienes representan a la derecha gobernante, se baja la línea de que todo pensamiento crítico o progresista, estaría en el mismo saco de una porción de excombatientes que se rearman, bajo una declaración política, que los sectores de avanzada no comparten, y hasta rechazan, con contundencia, tanto el nuevo Partido de las Farc, como las demás fuerzas políticas que convergen alrededor de la defensa de la Paz; si además los medios de comunicación difunden este mensaje confuso, que llena de riesgos a los actores políticos, al generalizar la idea, en un contexto de violencia política, de que todo lo que huela a diferencia hay que excluirlo, perseguirlo, y eliminarlo; si sobre la eventual manipulación de la información, la canalización del odio, las decisiones equivocadas, la distracción del real problema, —que sería atacar con todo el peso de la ley a quienes se apartan del proceso de paz—, las intimidaciones y amenazas de limpieza social, la presencia de actores armados ilegales, la poca transparencia electoral, se presenta en medio de una coyuntura electoral, se agrava el riesgo de posible violencia política. Por esto, cuando candidatos en el departamento del Magdalena, estigmatizan a las fuerzas políticas opuestas a su aspiración, señalándolas de tener alianzas “escondidas” con la insurgencia, que nunca salió “monte”, la pregunta sería: ¿con qué garantías reales, en una democracia, se contarían para ejercer la política electoral, para generar la alternativa o la continuidad, en los territorios, de procesos democráticos de transformación social y política?
El llamado es a la sensatez y a la calma. Hay que desarmar la palabra en las redes sociales y en los discursos de campaña. Esto es responsabilidad de los líderes políticos y debe ser regulado por el Estado. Preocupa en este debate electoral que el riesgo está latente. La posibilidad de la Paz está débil; esta esperanza compartida, nos la quieren arrebatar, los incendiarios, que pareciera se juntaran, desde los extremos. No les hagamos el juego. El fin no justifica los medios. Defendamos la Paz, desde la institucionalidad democrática.
El Acuerdo de Paz, puso fin al conflicto armado, para avanzar a una fase de construcción colectiva de la Paz. Se suscribió en medio de muchas tensiones, pero fue el baldado de agua fría a los guerristas, en una coyuntura crítica de derrota estratégica a la lucha armada, en el que se evidenciaba que ni la fuerza pública podría vencer, en solución final, a las guerrillas ni la insurgencia podría tomarse el poder, por la vía de las armas. Mucha sangre se derramó, durante y después del conflicto. Desde cuando se suscribió el Acuerdo de Paz, han sido asesinados más de 830 actores sociales, políticos y gestores de Paz, así como más de una centena de excombatientes de las Farc, pese a que esta organización, otrora insurgente, dejó las armas y transitó a la democracia, convirtiéndose en un partido político que, hasta en condiciones igualitarias con otros movimientos, participaría en las pasadas elecciones. Cualquiera diría que, con la decisión errada de rearmarse de algunos ex miembros de la mesa negociadora del proceso de Paz por parte de las Farc, se padecería una de las tantas guerras de la Paz o que se inicia una nueva etapa del conflicto. Dependiendo del ojo que se mire, o se llore, algunos actores hablan de perfidia, otros de combinación de todas las formas de lucha, de falta de voluntad de Paz, de incumplimiento de acuerdos, de llamar a un gran pacto nacional por la defensa de la Paz, o, inclusive, de volver a desconocer la existencia de un conflicto social y político en el país. Asimismo, la falta de inclusión en política de actores de la oposición, determinó que en el Acuerdo de Paz, se priorizara el punto de participación política, basado en la apertura democrática que posibilitara asegurar que se rompa para siempre el vínculo entre la política y las armas. En ese sentido, la idea de la cultura de paz fundaría el postconflicto. Sin embargo, si desde el poder público o quienes representan a la derecha gobernante, se baja la línea de que todo pensamiento crítico o progresista, estaría en el mismo saco de una porción de excombatientes que se rearman, bajo una declaración política, que los sectores de avanzada no comparten, y hasta rechazan, con contundencia, tanto el nuevo Partido de las Farc, como las demás fuerzas políticas que convergen alrededor de la defensa de la Paz; si además los medios de comunicación difunden este mensaje confuso, que llena de riesgos a los actores políticos, al generalizar la idea, en un contexto de violencia política, de que todo lo que huela a diferencia hay que excluirlo, perseguirlo, y eliminarlo; si sobre la eventual manipulación de la información, la canalización del odio, las decisiones equivocadas, la distracción del real problema, —que sería atacar con todo el peso de la ley a quienes se apartan del proceso de paz—, las intimidaciones y amenazas de limpieza social, la presencia de actores armados ilegales, la poca transparencia electoral, se presenta en medio de una coyuntura electoral, se agrava el riesgo de posible violencia política. Por esto, cuando candidatos en el departamento del Magdalena, estigmatizan a las fuerzas políticas opuestas a su aspiración, señalándolas de tener alianzas “escondidas” con la insurgencia, que nunca salió “monte”, la pregunta sería: ¿con qué garantías reales, en una democracia, se contarían para ejercer la política electoral, para generar la alternativa o la continuidad, en los territorios, de procesos democráticos de transformación social y política? El llamado es a la sensatez y a la calma. Hay que desarmar la palabra en las redes sociales y en los discursos de campaña. Esto es responsabilidad de los líderes políticos y debe ser regulado por el Estado. Preocupa en este debate electoral que el riesgo está latente. La posibilidad de la Paz está débil; esta esperanza compartida, nos la quieren arrebatar, los incendiarios, que pareciera se juntaran, desde los extremos. No les hagamos el juego. El fin no justifica los medios. Defendamos la Paz, desde la institucionalidad democrática.