Escrito por:
Tulio Ramos Mancilla
Columna: Toma de Posiciones
e-mail: tramosmancilla@hotmail.com
Twitter: @TulioRamosM
Durante los últimos días se han estado rememorando en el país algunos de los ataques de la criminalidad narcoterrorista de finales de la década de los ochenta del siglo pasado.
De amarga aunque necesaria recordación. Es verdad que nadie querría volver a sufrir la sensación de orfandad en la que en aquellos tiempos se asfixiaba Colombia, cuando lo único seguro era que el siguiente bombazo tendría que llegar en algún momento; pero, simultáneamente, casi todos reconocemos que deviene obligatorio volver a pensar en ello, y tratar de entenderlo, quizás para evitar su repetición. Se hace, incluso, más útil hacer esto cuando, en medio del ambiente de pesimismo que reina hoy, reviven algunas impresiones susurrantes de aquella época, en la que el miedo de una ciudadanía poco preparada para la lucha se paralizó frente a la deshumanización de sus propios delincuentes.
En lo que no quisiera machacar, porque es doloroso, es en que dichos perpetradores de tanta infelicidad, sin contar con la más mínima justificación válida, eran, sin embargo, un subproducto de esa colectividad doblegada de hace treinta años, la víctima. La idea no es nueva –ni es mía- pero es muy sólida, más allá de que sea soslayada sistemáticamente, olvidada en el mar de sentimentalismo en el que nada la nación cuando así le parece más llevadero enfrentar los hechos. A los colombianos que presenciaban el espectáculo de muerte de marras (asesinatos de candidatos presidenciales, vidas de policías a las que se les había puesto un precio que se pagaba a diario, estallidos en centros comerciales donde los padres y niños compraban útiles escolares, etc.), y tal vez a los colombianos de ahora también, se les olvida que la sinrazón de aquellos sanguinarios que le habían declarado “la guerra al Estado colombiano” tenía, no obstante, una explicación problemática, molesta.
Porque, ¿qué otro vástago puede engendrar un pueblo, que no sea violencia recrudecida, cuando se hace prosperar todo un engranaje de circunstancias cotidianas fríamente diseñado para que, de manera automática, se excluya de casi cualquier posibilidad de éxito social, económico, vital, a cierta generalidad de personas, como si de un proceso de selección –marginación- natural se tratara?
¿Por qué habría debido, un sicario de comuna, acatar la ley si creía que su potencial objetivo no lo hacía tampoco, y, además, entendía que, de no anticiparse en su acción aniquiladora, era muy dable que fuera él el eliminado, sin que a nadie, aparte de a su capo, le importara? Pregunta difícil de responder para quien está blindado por varias capas de educación ética, o ya de moral individual o religiosa, pero, ¿qué podría contestar aquel que no tiene nada que perder, pues nunca pudo ganar nada? Que Colombia sea un país de profundas desigualdades (y de una clase media considerada así desde estándares muy flexibles respecto de la pobreza) es menos grave que el hecho de que tal desequilibrio, desde la óptica del excluido, no se pueda cambiar si no es a través de crueldad devuelta que le parece legítima. Su ofensiva, se ha dicho, no era contra el Estado colombiano, o la sociedad siquiera, sino una dedicada a los captores del primero y a los modelos de la segunda.