Con la reforma a la justicia que se debatirá a partir de la próxima legislatura del Congreso, se pretende entre otras cosas que el Gobierno vuelva tener interlocución con la Corte y en general con quienes tienen bajo su responsabilidad el manejo de los asuntos judiciales.
Algunas de ellas tienen que ver con la reformulación en las políticas de prevención del delito, el fortalecimiento de la justicia alternativa-una de la figuras del 91, que se ha venido implantando con relativo éxito-, y lo que para los expertos, tiene una importancia fundamental, ante la inoperancia de las medidas ensayadas hasta ahora: la lucha contra las drogas.
Esos temas se orientarán bajo el nuevo organigrama general del Ministerio de Justicia y el Derecho, que como funcionó en alguna época pasada, hizo particular acento en la funcionalidad de un departamento administrativo de agenda legislativa, que permita habilitar una coordinación permanente entre los dos poderes públicos.
Dentro del nuevo esquema llama la atención el énfasis que se ha querido colocar a los mecanismos de justicia transicional, en un país como Colombia que no logra rebajar los índices de criminalidad, particularmente por parte de la violencia de los sectores armados, por lo que la iniciativa de buscar nuevos puentes de entendimiento para alcanzar una verdadera reconciliación, resulta en el nuevo ensayo, un ambicioso intento.
La reforma, por otro lado, en lo que a los bienes incautados a la mafia se refiere, y que ha sido motivo de tantos escándalos por la indebida apropiación por parte de los recomendados de los partidos políticos pretende, que los mismos vayan al Ministerio de Hacienda, con la rigurosa implementación de mecanismos de control, que impida el más abominable juego sucio en la destinación de esos recursos, que tienen hoy ad-portas de las rejas a más de una decena de congresistas.
Ya en lo que se refiere al tratamiento mismo de la política judicial, las partes involucradas, Gobierno, Parlamento y las Altas Cortes, deberán hilar muy delgado para evitar en el futuro, enfrentamientos en relación con el tema de la tutela, y de su tratamiento frente a las sentencias judiciales, verdadero dolor de cabeza hasta ahora.
El tema de la supresión total o parcial del Consejo Superior de la Judicatura, el de la doble instancia para funcionarios con fuero, es decir a los congresistas, que hoy no gozan de esa prerrogativa, el mismo asunto de la desaparición de la Comisión de Acusaciones, convertida en rey de burlas desde su creación, auguran desde ya un momento crucial para el futuro de la justicia colombiana.