Escrito por:
María del Rosario Guerra
Columna: Opinión
e-mail: comunicacionesmrg@gmail.com
Twitter: @CharoGuerra
No podemos aceptar la corrupción venga de donde venga, sea de familiares o copartidarios políticos. Hay que rechazarla y combatirla, y ese ha sido mi férreo compromiso desde que inicié este camino en la vida pública.
Siempre he pensado que el corrupto no puede pavonearse en la calle como si no hubiese cometido una conducta ilegal. Por esa razón, en el año 2017, cuando fui precandidata presidencial por el partido Centro Democrático propuse crear el ‘muro de la corrupción’ para todos aquellos condenados por este delito.
Esa iniciativa, entre otras cosas, buscaba la sanción social para quienes abusaron del poder otorgado, cayendo en la deshonestidad y haciéndole un gran daño al país y a la institucionalidad.
Duele profundamente ver a familiares involucrados en hechos de corrupción; entre otras cosas porque no es lo que uno como ciudadano quisiera; por el contrario, se espera que en el ejercicio de lo público haya transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos del Estado para que estos lleguen a las comunidades.
En pro de garantizar y exigir compromiso con el manejo honesto en la administración pública, y para que la Fiscalía General de la Nación actuara, denuncié en su momento algunas irregularidades por presuntos malos manejos, e incluso solicité la renuncia del Gobernador de Sucre, mi tío; con quien nunca he hecho política. Son situaciones vergonzosas y reprochables.
La lucha indeclinable contra la corrupción para recuperar la dignidad de la política y el buen manejo de los recursos públicos exige independencia y firmeza para tomar decisiones. Como decía el exprimer ministro de Singapur, Lee Kuan Yew, “si quieres derrotar la corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”.
Según una encuesta efectuada por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, por primera vez en la historia, la corrupción con 19% superó a la violencia con 16.2% como la mayor preocupación de los colombianos.
Entre tanto, el último informe del Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia publicado el siete de mayo de 2019, indica que entre los años 2016 a 2018 la prensa registró 327 hechos de corrupción, los cuales tuvieron mayor injerencia en los departamentos de Santander, Atlántico, Valle del Cauca, Bolívar y Antioquia.
En el año 2010, Colombia ocupaba el puesto número 78 en el ranking mundial de corrupción gubernamental. Para 2018, el país pasó a ocupar el vergonzoso escaño 99. Se habían trepado los índices de corrupción.
Esto muestra que generalmente donde están los recursos económicos, están los intereses de la ilegalidad, y que la debilidad de la justicia por la alta tasa de impunidad, demora para investigar y fallar, y la corrupción a su interior permite que la corrupción siga viva.
Casos rampantes como el de Odebrecht, Reficar, el robo en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), los despilfarros en los sistemas de salud y pensiones; son algunos de los graves ejemplos que en los últimos años le ha costado a Colombia casi un $1 billón por semana, es decir unos $50 billones al año, según la Contraloría General de la Nación.
Lo anterior demuestra que la corrupción es un cáncer que no puede aceptarse no importa su origen ni quien la realiza. Necesitamos con urgencia que quienes actúan por fuera de la Constitución y la ley estén en cárceles y no en sus casas, y que se les quite hasta el último peso que robaron a los colombianos.
Lamentablemente el proyecto de ley 119 de 2018 Senado, de mi autoría, que radiqué con el expresidente Álvaro Uribe y que contemplaba la sanción social a los corruptos con un ´muro de la corrupción´, y la eliminación de beneficios como la casa por cárcel, entre otras; no se debatió en la Comisión Primera de Senado.
Pero nuevamente lo voy a presentar en esta legislatura para crear beneficios económicos a quienes denuncien delitos contra la administración pública; eliminar los beneficios penales para los corruptos y promover la sanción social a través de inhabilidades para ejercer labores de docencia o de cualquier otra índole académica durante el tiempo de la pena; entre otras propuestas.
El mensaje no puede seguir siendo: ‘ser corrupto paga’. Por eso, se necesita justicia y firmeza para denunciar y capturar a implicados, y un gran esfuerzo pedagógico para promover la ética, la moral y las buenas costumbres en la administración pública.
Urge recuperar la confianza en las instituciones, incentivar a los ciudadanos a denunciar y efectuar una sanción social ejemplarizante que sirva para erradicar de una vez por todas con esta epidemia, la corrupción.