La estratificación y el gasto social

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Jesús Dulce Hernández

Jesús Dulce Hernández

Columna: Anaquel

e-mail: ja.dulce@gmail.com

Preocupantes son las cifras reveladas por el Gobierno sobre el monto de las inversiones en gasto social y, peor aún, el impacto que tienen éstas en quienes de verdad lo necesitan.
De acuerdo con el artículo “Tijera al gasto social” publicado por la Revista Semana de estos días, en el 2018 el gasto social alcanzó la suma de 84,6 billones de pesos, lo que representa el 46,6% del presupuesto general de la nación, sin incluir deuda. Esto significaría que casi la mitad del presupuesto nacional se destina al gasto social en sectores como educación, salud, pensiones, formación para el trabajo, vivienda, agua, energía, entre otros.

La forma más común de entender y asumir el gasto social es a través del subsidio, pero el problema se fecunda cuando se hace evidente la debilidad que tenemos para focalizar esos recursos. Una mala focalización hace que la plata no llegue a quienes en realidad lo necesitan y, lo poco que llega, llega de forma ineficiente. Por eso es importante la discusión que está abriendo el gobierno con el DNP y el Ministerio de Hacienda sobre la reestructuración de programas sociales y la depuración de datos del Sisbén.

Quizás una de las mayores dificultades que tenemos en Colombia es la falta de interoperabilidad de las bases de datos. Casi que cada Entidad maneja bases de datos propias y muy pocas de ellas se hablan entre sí y, cuando lo hacen, en muchos casos se hablan mal. Eso impide tener mayor certeza y confianza en la información registrada, además de perpetuar el hampa de quienes aplican a distintos subsidios aunque no pertenezcan a la población objeto de los mismos. Esto ha hecho que para muchos colombianos vivir del Estado sea más rentable que hacer

emprendimiento o querer salir de la “pobreza”. Por eso es tan importante (y me alegra saber que el gobierno así lo entiende) la necesidad de graduar a las familias que superan el estado de vulnerabilidad, pero es necesario generar incentivos para que esto ocurra. El tema de lo “rentable”, como lo ha dicho el exdirector del Centro de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, es algo que merece atención en un país como este, donde sembrar coca es más “rentable” que confiar en el Estado. Mientras no estemos en la capacidad de romper con ese círculo vicioso, la ilegalidad y la trampa seguirán siendo el negocio de Colombia. Por eso, valga la cuña, el glifosato es una salida facilista y no resuelve una realidad de fondo en quienes siembran la mata de coca.

Por último, me parece atinado que se vuelva a abrir el debate sobre el sistema de estratificación colombiano. Los estratos, por una parte, han servido para perpetuar unos privilegios para unos y una condena para otros. Por otra, han escrito en piedra un sistema de castas aparente, que en nada refleja la realidad de los ingresos de quienes en ellos viven. Hay familias con ingresos medios que viven en estrato 6 y hay quienes son millonarios pero viven en un bien declarado patrimonio en el centro de Bogotá y aparecen como estrato 1, por lo tanto, pagan servicios como estrato 1.

Todo esto sin contar con que quienes de verdad “son” de estratos 1 y 2 en muchos casos no tienen el mayor interés de cambiar de estratificación pues, quien lo creyera, a veces resulta mejor ser pobre que rico. Estamos en deuda hace años de revisar este esquema de distribución. De acuerdo con Semana, hoy el 61% de la población del decil de mayor ingreso recibe algún tipo de subsidio.

Ojalá el gobierno se encamine por dar más discusiones de este tipo y menos como la de la JEP o la que piensa darse ahora con el glifosato.
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