Escrito por:
María del Rosario Guerra
Columna: Opinión
e-mail: comunicacionesmrg@gmail.com
Twitter: @CharoGuerra
Razón tenía el presidente Iván Duque en objetar la Ley Estatutaria de la JEP para evitar impunidad, defender la legalidad y la extradición, y evitar que campeara la impunidad.
Las decisiones judiciales que han sorprendido al país en las últimas horas nos lleva a preguntarnos por qué la justicia no ve lo que todo Colombia sí.
Hay pruebas que demuestran que Jesús Santrich es un narcotraficante, a quien no solo le ratifican una curul en el Congreso y exigen su libertad, sino que muy probablemente logrará salvarse de la extradición.
Así las cosas, es válido preguntarnos si la justicia es para unos o para todos.
Por investigaciones preliminares y muchas menos pruebas que en este caso hay ciudadanos en la cárcel; pero aquí hay decisiones y tratos especiales que mancillan el buen nombre de las instituciones.
Es absolutamente indignante ver cómo la justicia termina, por cuenta de interpretaciones jurídicas que van y vienen, librando a los delincuentes como Santrich de responder ante la justicia, como cualquier mortal que incurre en una conducta criminal.
Como país queremos que a Santrich le sea aplicada la justicia con contundencia y rigor. Haber participado en la negociación del proceso de paz Santos – Farc no le da el derecho ni a él ni a ningún excombatiente a seguir cometiendo delitos en forma impune.
Parece que algunos hubieran olvidado lo que implica una amenaza como el narcotráfico para Colombia. La Justicia debe combatir la criminalidad y la impunidad, esa es su obligación, no invocar razones políticas de un acuerdo que la mayoría de los colombianos rechazó.
El fuero que tiene Santrich no solo garantiza impunidad, es una bofetada y una humillación para todo el país.
El presidente Iván Duque no perdió ninguna batalla. El Gobierno seguirá trabajando en buscar mecanismos que garanticen institucionalidad, verdad, justicia y reparación.
Por ello la reforma a la justicia es fundamental, pero lo más importante es que haya magistrados íntegros y comprometidos con defender la Ley y la Constitución, no comprometidos con tomar decisiones políticas.
El daño que hace la Corte con sus decisiones no se lo hace al presidente Iván Duque o a su Gobierno, se lo hace al pueblo colombiano que cada día pierde más la confianza en el Estado de Derecho. Por eso tenemos que recuperar las instituciones y la legitimidad de lo que significa la justicia, el Congreso, la Presidencia, y la independencia de poderes entre ellos.