Más que rasgarse las vestiduras frente al artículo del New York Times que alerta sobre la posibilidad de tener nuevamente “falsos positivos” en Colombia, la pregunta pertinente es que hubiese pasado sin esta advertencia del prestigioso diario.
Para entender la gravedad de la respuesta es bueno que se sepa que existe actualmente suficiente documentación sobre lo que ha sido la terrible historia de esta práctica en Colombia. De acuerdo a un informe de la Fiscalía, recogido por varios medios, aunque se dieron hechos aislados desde décadas anteriores, en el siglo XX, “Fue solo a partir del año 2002 cuando la judicialización del fenómeno presentó un aumento significativo, al pasar de 14 hechos investigados en 2001 a 92 en 2002. La tendencia ascendente se mantuvo entre 2002 y 2005, año en el que se presentaron 265 casos”.
En 2006 el número se duplicó al llegar a 470 hechos, los casos dejaron de concentrarse en los departamentos del norte del país y se distribuyeron a otras zonas. “El año 2007 marcó el pico más alto con la ocurrencia de aproximadamente 733 hechos” y esto ocurrió “…entre 2006 y 2008, durante la comandancia del general Mario Montoya en el Ejército. Montoya hoy es investigado en la JEP por un centenar de ejecuciones extrajudiciales. Él ha reivindicado su inocencia”. El informe sostiene que la Fiscalía ha procesado a 5.626 personas, de las cuales 3.826 eran soldados, 992 suboficiales, 514 oficiales y 133 civiles”. Si lo anterior no es suficiente para producir escalofrío, la Fiscalía, libros, reportes de Naciones Unidas, calculan entre 3,000 y 5,000 víctimas.
Para tener la dimensión de estos crímenes, basta con entender lo que sucedió con las madres de Soacha. Las escuchamos en un debate en el Congreso de la República frente a miembros del ministerio de Defensa y solo pudimos llorar al oír que quienes fueron asesinados eran muchachos inocentes, alejados de sus lugares de residencia bajo engaños y en búsqueda de mejores oportunidades. Este es el capítulo más vergonzoso de este país durante el conflicto.
Conocer estas cifras justifica plenamente la denuncia sobre la posibilidad de que se puedan repetir estos dolorosos e inaceptables episodios, bajo el argumento de ser eficientes en la lucha contra la delincuencia. El gobierno actuó de manera contradictoria porque mientras el Canciller en sus declaraciones, descalificó el artículo, casi de inmediato se retiraron algunos de los documentos señalados — no sabemos si todos—, y el presidente Duque creó una Comisión para verificar que este tipo de mandatos no se estén dando dentro de la Fuerza Pública. Es decir, creyó o no lo que dijo el New York Times.
La conclusión, independientemente de los costos para el gobierno de enfrentamientos con este poderoso medio estadounidense, es que gracias a este artículo se evitó probablemente un capítulo más en la terrible historia de los “falsos positivos” en Colombia. Y solo por eso debemos estar agradecidos.