Marchar, marchar, marchar…

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Carlos Escobar de Andreis

Carlos Escobar de Andreis

Columna: Opinión

e-mail: calli51@hotmail.com
La protesta en Colombia, desde hace años, es el pan de cada día y, las formas más comunes de la protesta, son el paro cívico y las marchas callejeras que son los medios a través de los cuales los ciudadanos expresan su descontento ante las autoridades públicas por la falta de atención a sus principales necesidades.
En la década de los ochenta el paro cívico -sumado a otros conflictos de orden social y político- agregó su módica cuota a la convocatoria del pacto de convivencia y paz que se firmara con la constituyente del 91.

1.760 paros cívicos se realizaron durante la década, de acuerdo con los registros de organizaciones no gubernamentales (ONGs) cuya misión era el seguimiento a los procesos sociales que remataban en cese de actividades, cierre de vías y parálisis del transporte en ciudades, corregimientos y veredas del territorio nacional. Las motivaciones casi siempre eran las mismas, tenían que ver con el nivel de abandono y atraso que se vivía entonces en el país por la ausencia total o la precariedad de los servicios de agua potable, energía eléctrica, vías y transporte.

Las sucesivas alteraciones al orden público no dieron tregua a las instituciones oficiales del Estado para apaciguar la inconformidad manifiesta de la ciudadanía y, en lugar de formular y ofrecer soluciones, optaron por el uso de la fuerza, los gases, las detenciones y la desaparición de líderes sindicales y comunitarios, argumentando siempre la influencia y “la infiltración en los paros y en las marchas de vándalos y saboteadores orientados por la guerrilla de corte castrista y soviético”, que existía representada en el M19, FARC, EPL, ELN y otras agrupaciones menores. .

De antes de la nueva Constitución Política a acá no se ven muchos cambios en esta materia. Los paros cívicos y las marchas siguen siendo las formas como la ciudadanía expresa su beligerancia y manifiesta su malestar en contra de quienes ve como los responsables de sus desgracias sociales y económicas.

Ya no se protesta tanto por la falta de agua, aunque Santa Marta sigue siendo la excepción, y salvo algunos hechos puntuales relacionados con los servicios de energía eléctrica que prestan las empresas concesionarias, ahora las movilizaciones callejeras y los paros se realizan con otros fines, unos más ajustados a las necesidades del momento: paz y reconciliación, corrupción, derechos humanos y ciudadanos, más presupuesto para educación y salud, conservación ambiental, cumplimiento de los acuerdos pactados, reforma pensional y, uno que me dejó muy sorprendido, el del paro del 26 de abril, contra el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Duque que se debate en el Congreso.

Ni la Constitución del 91, ni la Ley 135 de Participación Ciudadana, ni la Ley 1757 o Estatuto de la Promoción y Protección de la Participación Democrática en Colombia contemplan el paro cívico y las marchas -instituidas por el pueblo- como sus formas legitimas de participación ciudadana, porque no lo son, son formas de expresión de la protesta ciudadana que en la práctica -por el impacto social, económico y político que puedan generar- se convierten en fórmulas eficaces de presión que obligan al dialogo y a la negociación entre las partes implicadas en la contienda.

Se abrió el camino al ejercicio de la democracia directa en Colombia como se está imponiendo en el mundo sordo. Los paros y las marchas o la combinación de ambas terminaron imponiéndose, principalmente en regímenes autoritarios en los que prima la desigualdad, la inequidad y la pobreza. Es decir, a las fuerzas sociales no les queda más que marchar, marchar y marchar.
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