Colombia es una sociedad que está convulsionando frente al cambio de paradigmas políticos y sociales que marcaron su devenir histórico y que obviamente fueron también determinantes para su desarrollo.
La ciudad de Santa Marta no ha sido ajena a esa tendencia, y pese a los sofismas distractores, los entes de control han logrado con el apoyo de las denuncias de valerosos ciudadanos, que se evidencie el inmenso entramado en la contratación Distrital durante las anteriores administraciones. De esto dan cuenta los informes de auditoría realizados sobre algunas de las denominadas “mega-obras”, que de mega solo tenían los mega-costos y mega-tiempos.
A pesar de que una gran parte de la ciudadanía ha superado el trance hipnótico en que fue envuelta gracias a la incisiva y costosa campaña de propaganda en favor de dichas administraciones, todavía hay una disminuida parte que se ha conformado con la superficialidad del discurso rimbombante de quienes tergiversan los hechos, manipulan las evidencias y se aprovechan de la ignorancia de los oscuros “acuerdos” políticos y económicos que se fraguaron para posibilitar el acceso de estos al poder.
El debate sobre estos pormenores es a lo que temen, pues puede que se terminen desenmascarando dioses con pies de barro, que se han aprovechado de coyunturas políticas para mutar a través de ideologías que van de la extrema izquierda a la extrema derecha sin sonrojarse.
Sin embargo, más allá del prostituido trasegar político de estos, lo que debemos exigir los ciudadanos es que la justicia y los organismos de control adelanten las investigaciones pertinentes para dar a conocer ¿cuál fue el valor de las transacciones que se negociaron en detrimento de la ciudad con el fin compensar los favores recibidos? ¿En manos de quienes quedaron los recursos desviados y en las de quienes pretendían repartir los que al parecer ya iban por ese mismo camino?
En este orden de ideas, es oportuno que reflexionemos sobre la escala de valores que decidimos tomar como referente de nuestras decisiones como electores en el ejercicio democrático, ya que con preocupación en los últimos años se ha venido acuñando en el ideario colectivo la frase: “que roben, pero que hagan”. Realmente esa es la aspiración? Es ese el rasero con el que vamos a medir las cualidades éticas, morales y profesionales de nuestros gobernantes?
Esta infame frase, lo que denota es nuestra inmadurez política y la mediocridad de nuestras aspiraciones como sociedad institucionalizada, pues si bien es cierto que nuestra estructura de valores ha sido afectada por cuenta de las falsas expectativas que nos generaron anteriores gobernantes y líderes políticos, esto no puede ser excusa para que nos conformemos y peor aún para que premiemos a aquellos que desconocen los principios de integridad, moralidad y eficiencia, que entre otros, deben guiar las acciones de todo servidor público.
Bajo ninguna circunstancia un ciudadano que se precie de amar y respetar a su ciudad puede permitirse la idea de tolerar so pretexto de cualquier obra física y/o gestión, que el funcionario responsable haga uso indebido de los recursos públicos y mucho menos, que con estos busque favorecerse o favorecer a terceros. Este no puede ser el rasero con que se mida a quienes elegimos para ostentar la máxima autoridad de nuestras instituciones políticas y públicas.
Así las cosas, los samarios debemos hacer un mea culpa y asumir que parte de la responsabilidad de que nuestro territorio haya sido mal gobernado, es porque nuestra participación y decisiones electorales han sido deficientes. El deber es no seguir tragando entero porque los llantos de sirena están a la orden del día para confundirnos y hacernos ver victimas donde en realidad hay victimarios.
Como en los procesos biológicos, más que cambios, debemos procurar evolucionar.