A principios de mes, el FMI sacó un comunicado sobre la economía colombiana de cara al futuro. La semana pasada salió una recomendación del anhelado grupo de la OCDE para el país que, en línea con uno de los puntos del FMI, sugería flexibilizar la regla fiscal debido a la llegada masiva de migrantes venezolanos. Prácticamente en simultáneo, el ministro Carrasquilla proponía al Senado exactamente lo mismo, con los mismos argumentos que los organismos internacionales dieron y todo.
En este contexto, para “incumplir” este año con la regla fiscal, el gobierno debe acudir a la cláusula de escape de la ley, presentando 3 elementos que a ojo cerrado no serán nada difíciles de demostrar: el detonante —o la justificación para desviarse de la regla— las desviaciones y las correcciones. La crisis migratoria venezolana es el detonante perfecto: la llegada de más de un millón, tanto de venezolanos como de colombianos que se habían radicado en el vecino país, exigen una reacción del gobierno en términos educativos, de salud, asistenciales a la primera infancia, alojamiento, entre otros. Es innegable que se trata nada menos de un gasto realmente importante, estimado por la OCDE y el Banco Mundial en medio punto porcentual del PIB, la desviación mínima que defenderá el gobierno, ténganlo por seguro. De esta manera, la corrección de la meta de tener un déficit estructural de máximo 1% del PIB se aplazaría para el 2027, 5 años más de acuerdo a lo que se había establecido en la ley original.
Pero al observar el panorama desde el lado del gobierno y del ministro Carrasquilla salta claramente un hecho: la excusa de flexibilización de la regla fiscal es una oportunidad dorada para cumplir con el Plan de Desarrollo, cuya financiación está lejos de ser sensata. Para decirlo de frente: el gobierno Duque se está enfrentando a una limitación severa de recursos para ese inmenso decálogo de propuestas que se incluyen en su Plan de Desarrollo y en los otros programas que vienen prometiendo, sin que nadie defina claramente cómo se van a financiar. Para empezar, el Plan de Desarrollo solo tiene la mitad de los recursos que requiere para su implementación; 30% adicional se supone que lo aporta el sector privado, sin que se defina claramente cómo se haría, y el otro 20% provendría de recursos de las regiones, las cuales tienen sus propias prioridades y no siempre coinciden con los objetivos del gobierno central.
Evidentemente, cuando se tiene un Banco Central independiente y no son posibles las emisiones de moneda local, y cuando la mayoría de las empresas del Estado se han privatizado, la única fuente de recursos para financiar el Estado son los impuestos. Aunque vender un porcentaje de Ecopetrol pudiese erigirse como una opción, sería ahogar las finanzas del futuro del país pues, hoy en día, le ofrece al gobierno recursos superiores a lo que aporta una reforma tributaria, a pesar de la caída del precio del petróleo.
La salida son los impuestos, nada que hacer. Pero resulta que este gobierno —con su nueva versión de la Confianza Inversionista de los anteriores gobiernos de Uribe— tiene como principio rebajarles los impuestos a las empresas, darles grandes subsidios a sectores ricos —como los productores de biocombustibles— y quitarle el IVA a los bienes de capital. Su coherencia ideológica les impide hacer lo obvio: poner a pagar impuestos a los individuos ricos de este país, que históricamente nunca han contribuido al Fisco con lo que les toca. El resultado fue una Ley de Financiamiento que fracasó desde ese lente.
El gran problema que tiene el gobierno es que está desfinanciado seriamente y ante su incapacidad de hacer lo que toca, el país vecino le tira un salvavidas, en la medida y momento perfectos. Es decir, los venezolanos les dieron el papayaso perfecto a todos, Gobierno, FMI y OCDE.