Durante los últimos días los samarios hemos presenciado las reacciones de algunos sectores de la ciudad que se pronuncian respecto a las sindicaciones de la justicia contra el alcalde Rafael Martínez y su líder político y ex alcalde Carlos Caicedo, por supuestas irregularidades en la contratación de 5 puestos de salud.
A pesar de tantas investigaciones y cuestionamientos del proceder personal y público de estos dos dirigentes, han logrado capitalizar el apoyo de un sector de la ciudadanía, a la cual han seducido con un discurso cargado de odio hacia ciertos grupos políticos y sociales, que en un tiempo no muy lejano fueron sus aliados políticos estratégicos tanto en su paso por la Universidad del Magdalena como en la Alcaldía.
Es comprensible después de todo, que haya reacciones a favor y en contra de las decisiones de los entes de control y autoridades judiciales; en buena hora la ciudadanía está atenta y toma partido según sus preferencias, frente a situaciones que afectan las dinámicas públicas y privadas de la ciudad. Sin embargo lo que no se puede perder de vista en este camino, es que en el país está haciendo carrera la manipulación de algunos gobernantes y líderes que quieren aprovechar su poder en las instituciones de representación para movilizar a subalternos y ciudadanía, con el fin de intimidar a sus detractores, pero especial y peligrosamente al poder judicial, de forma que a través de la presión indebida logren en su favor, los fallos que de éste poder provienen.
La protesta es un derecho, pero como ciudadanos debemos estar atentos sobre el uso que le damos a este recurso, ya que corremos el riesgo de servir como carne de cañón para líderes populistas que bien pueden ser de derecha o izquierda, pero que en común tienen el objetivo de deslegitimar la institucionalidad con el fin de imponer reglas a la medida de sus intereses particulares, disfrazándolos como la voluntad popular del pueblo que los elige.
No podemos dejarnos enceguecer por los políticos que enmascarados en su carisma, buscan proclamarse como dueños de la verdad, considerando que sus actuaciones públicas no pueden ser objeto de control y que cuando este es el caso, se victimizan declarándose como perseguidos por las instituciones con el fin de eludir sus responsabilidades, sin embargo mientras gozan del poder y los privilegios que derivan de sus posiciones, utilizan los mecanismos a su alcance para fustigar a sus opositores a quienes estigmatizan como “enemigos del proceso” no solo de ellos sino de sus seguidores, lo cual resulta demasiado temerario en el ejercicio democrático.
Los caudillismos no contribuyen con las democracias, todo lo contrario, ese es un paso para transitar hacia el totalitarismo; es por eso que los ciudadanos estamos llamados a proteger nuestras instituciones y la separación de los poderes que definen el equilibrio en un Estado de Derecho. En ese orden de ideas, quienes representan a las instituciones deben actuar en el marco de la Constitución y la Ley, por encima de las presiones que indebidamente algunos pretendan ejercer.
Las personas pasamos pero las instituciones deben perdurar, ésta es una máxima que debe ser inquebrantable para nuestra sociedad.