La situación de Venezuela ha ocupado durante los últimos días la atención de la esfera política colombiana e internacional, y no es para menos si se tiene en cuenta la magnitud del éxodo de venezolanos hacia otros países, buscando escapar de la escasez de alimentos y medicinas, que allí se presentan.
Colombia, uno de los países de la región que más lazos mantiene con Venezuela, durante el gobierno anterior a pesar de los cuestionamientos, se caracterizó por su manejo diplomático frente a la crisis venezolana, sin embargo con la entrada del Gobierno Duque, esto ha dado un giro de 180 grados, al pasar a un activismo internacional que busca presionar la salida del régimen de Maduro. Esta posición también ha generado críticas de varios sectores sociales y políticos en el país, especialmente a partir de la cumbre que sostuvieron los presidentes Iván Duque y Donald Trump en días pasados y en la que este último dejó ver claramente su férreo interés de disponer de acciones militares contra el régimen, ante lo cual y a pesar de las implicaciones que esto podría significar para Colombia, el presidente Duque guardó en su momento un silencio ensordecedor.
Con la expectativa del ingreso de ayuda humanitaria extranjera dirigida al pueblo venezolano, los niveles de tensión se inflamaron aún más por la decisión de Maduro de no permitir su acceso y ordenar para este fin el cierre de sus fronteras. Esta situación que tuvo mucho de provocación por parte de los aliados contra el régimen, on el protagonismo de Duque y Trump, y por otra parte del mismo Maduro, ha desembocado en violentos enfrentamientos a nivel interno y en las zonas de frontera del vecino país, dejando como resultado heridos y muertos tanto de la orilla opositora como seguidores del régimen.
Esta ayuda humanitaria, se ha asemejado a un Caballo de Troya con el cual han pretendido camuflar una invasión a un territorio que se encuentra en medio de un conflicto; pero lo que en realidad precisa de la comunidad internacional es una intermediación respetuosa y honesta y no cargada de viles intereses mezquinos para apropiarse de sus recursos. Son tan evidentes estos intereses creados por parte de algunos los aliados contra el régimen de Maduro, que ni la ONU ni la Cruz Roja Internacional, quisieron participar del proceso de entrega de las ayudas, por considerar que estos propósitos no cumplían con los principios básicos de “neutralidad, imparcialidad e independencia”, tal y como señaló Christoph Harnisch, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Así las cosas, el “regalo envenenado” en qué consistía la ayuda humanitaria, para lo que ha servido lamentablemente hasta ahora, es para exacerbar los ánimos internos y dejar expuesta a una población a merced de la violencia que puede desencadenarse por parte de los distintos actores en el conflicto.
Y aunque es comprensible la solidaridad de la comunidad internacional hacia un país en crisis, lo que no se justifica para el caso de Venezuela, es que ésta se haya direccionado en medio de un discurso incendiario, que desconoce los riesgos e implicaciones que esto puede generar para la población civil tanto de Venezuela como de Colombia. Afortunadamente el Grupo de Lima, decidió finalmente actuar con responsabilidad y optó por apoyar una transición democrática en Venezuela, porque creámoslo o no, Venezuela sigue siendo una nación soberana con el derecho y deber de gestionar y decidir sus propias salidas al conflicto, contando obviamente con el apoyo internacional, más no con su intervencionismo.
Para Colombia, ésta situación ha sido otro Caballo de Troya, pero éste con un objetivo diferente: desviarnos del debate sobre problemáticas políticas e institucionales, que nos tienen en una crisis no coyuntural como algunos piensan, sino estructural, ya que está en juego la legitimidad de nuestras instituciones.