De los “Pachenca” y algo más

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Carlos Escobar de Andreis

Carlos Escobar de Andreis

Columna: Opinión

e-mail: calli51@hotmail.com

Pareciera que los colombianos estuviéramos condenados a vivir por siempre enfrentados a un monstruo de mil cabezas al que por más que quisiéramos jamás podríamos derrotar: es el monstruo de la violencia armada que no deja espacios libres para la paz en todo el territorio nacional.

Así lo muestra el mapa (¿incompleto?) de la ocupación por cerca de 1.200 militares que integran los 19 grupos de delincuencia organizada (GDO), repartidos en el Sur, Occidente, Oriente y Costa Caribe del país. Que no son “mil doscientos” ni “diecinueve”.

Entre otros, alineados con los Pachenca, los Rastrojos, los Costeños, los Chatas, los Caparrapos, los Caqueteños, con los de la Unión, Pachelly, Trianón, el Clan de Oriente, la Cordillera, la Gran Alianza, la Banda Local de Buenaventura y la del Norte del Valle, más 2.417 bandas criminales encargadas del negocio del microtráfico en las ciudades y sectores del campo, más los efectivos del ELN y de las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, los Pelusos, los Puntilleros y las redes de la Terraza y Robledo en Medellín, denominados grupos armados organizados (GAO), contra los que el Estado puede usar incluso los bombardeos.

Criminales de renombre lideran las agrupaciones: Lugo con más de 90 hombres armados, Martín Bala, Chucho Mercancía, Castor o Diente (sindicado por más de 20 homicidios), Lunar y Toño, Chicho y dos hijos de Ramón Isaza (conocido con el alias de El Viejo) Sus efectos son devastadores. Su capacidad desestabilizadora demoledora y su destreza para evadir la justicia, para “tirar la piedra y esconder la mano”, es tremenda, audaz e inusitada.

Sorprenden las declaraciones del abogado Vicente Guzmán, Director de Fiscalías del Magdalena, diciendo que en el departamento, además de los Pachencas, (sin contar al Clan del Golfo) “existen 36 organizaciones de bandidos de categorías A, B y C que nos azotan a diario”, sobrepasando las cifras que entregara el último informe de seguridad nacional de Min-Defensa, que nos muestran un territorio sitiado por la delincuencia, contra la que no valdrán “coordinación y articulación estrechas” de los organismos de seguridad del Estado (Ejercito, Policía, DIJIN, Fiscalía, CTI y Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia Ciudadana)

Tampoco les va alcanzar a las “tropas especializadas en la lucha contra el crimen organizado” que acaban de desembarcar en Santa Marta. No nos hagamos ilusiones, mientras los gobiernos no acepten, primero, que todas las manifestaciones de violencia que vivimos desde hace siglos, son parte del conflicto interno que vive Colombia, reflejo de ese profundo malestar social que nos involucra, contando también a narco-traficantes, cocaleros, raspachines, jibaros, mineros ilegales, extorsionistas, sicarios, bandas criminales y guerrilleros a quienes no es posible derrotar únicamente con las armas, se requiere dialogar, pero además, que se respeten los derechos humanos y los de los ciudadanos y se les brinden mejores condiciones económicas y de bienestar, para una sociedad desigual y enferma.

Quisiéramos que mejorara la inteligencia militar, la calidad tecnológica de los recursos de logística para detectar criminales, la eficiencia judicial, la capacidad de los centros carcelarios, la integración de los organismos de seguridad e incluso el pie de fuerza pero, sabemos que nada de eso da resultado, la historia tozuda nos lo ha demostrado: siempre que se quiso lograr la paz en condiciones de igualdad hubo necesariamente que recurrir a la negociación por la vía del dialogo, desde las primeras entregas de guerrilleros del ELN en 1980 que dieron lugar al FALM, pasando por el acuerdo de paz con el M19, EPL, PRT y Quintín Lame y, terminando con el Acuerdo de La Habana.

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