El tema del comparendo por una empanada desató una tormenta en el país. Creo que no se ha analizado el tema debidamente y que se cayó en la simplificación y el reduccionismo que no conducen a nada.
Varios aspectos merecen análisis: ¿Interpretó mal la norma la policía? ¿Es la norma inconveniente? ¿Cuál es la función de la policía? ¿Cuál es el mensaje que se desprende de la actitud que tomada por la sociedad y el gobierno? ¿Hay alguna solución?
La policía no malinterpretó la norma como dijeron uno de los ponentes de la misma y la ministra de justicia. La norma es consistente con los motivos y objetivos de la norma, proteger el espacio público, y además el texto de la misma es claro. Las palabras deben ser entendidas en su sentido natural y obvio, y este es un simple ejercicio de hermenéutica jurídica. El entrenamiento dado a la policía no podía consistir en decir que la norma no dice lo que dice y que dice lo que no dice.
La interpretación que no cabe de los susodichos ha debido quedar contemplada explícitamente en el texto. Porque las leyes no son solo para que las autoridades sepan que les está permitido hacer sino también para que los ciudadanos sepan que no les está prohibido hacer. Si la norma tuviera el pretendido alcance, sería una norma ineficaz porque no cumple su objetivo.
La norma como quedó consagrada y como la interpretó la policía conduce a lograr los objetivos perseguidos por la ley. Es una norma a la cual no hay que cambiarle nada. La función de la policía es hacer cumplir la ley hasta tanto no haya sido suspendida o derogada. La policía no es juez para interpretar leyes ni es ejecutivo ni legislador para resolver los problemas de desempleo y desigualdad. De mi parte apoyo enteramente el accionar de la policía en el caso en cuestión, y los felicito. El tema de la inconveniencia de la norma no le corresponde a la policía.
La Corte Constitucional es la que genera el problema legal. La jurisprudencia, como debe ser, protege el derecho al trabajo y sujeta la protección del espacio del espacio público a que se den ciertas garantías a quien lo ocupa ilegalmente en razón de su trabajo. El problema es que no hay norma ni fallo que obligue a los entes territoriales a crear las condiciones para recuperar y preservar el espacio público. En síntesis, la norma de la polémica no es el problema; el problema es que los alcaldes no están obligados a crear las condiciones que permitan recuperar el espacio público. La ley que tienen que expedir, ministra de justicia y senador Varón, es una que le de plazos específicos a los alcaldes para hacer lo que ordena la Corte Constitucional y poder recuperar el espacio público so pena de prevaricar por omisión. Este panorama de incongruencia e inconsistencias y disonancias no nos permite avanzar hacia el país que queremos.
La actitud del senador Varón de la ministra de justicia y de un gran sector de la opinión pública además de censurable envía a nuestros policías el mensaje equivocado: que no hagan cumplir la ley y que ellos tienen la discreción para decidir que es ley buena o mala. El mensaje que la sociedad le envió a la policía es que sean corruptos porque queremos un país corrupto donde se aplique la ley selectivamente. El entuerto de la norma se corregirá de alguna manera y muy rápidamente, pero el daño que hizo el mensaje no.
La solución al problema de los que trabajan usurpando el espacio público necesariamente pasa por dignificar la oferta de sus productos y servicios sin importar donde estén ubicados, aunque sin duda, la mejor es que consigan empleo digno. En el caso de los alimentos con mucha más razón porque es un tema de salubridad. Desde que alguien que trabajaba en eso me compartió que el 95% de los alimentos callejeros arrojaban muestras de materias fecales humanas, yo no consumo alimentos callejeros.
Preguntas: ¿Tiene el país la normatividad y las instituciones que nos permitan alcanzar los objetivos de progreso? ¿Cuál es realmente el país que queremos?