El debate sobre la corrupción ha captado en los últimos meses en Colombia el interés de todos los sectores sociales, políticos y económicos, y es que no es para menos, ya que luego de estar por décadas en modo “lucha contra las guerrillas” y aunque estas aún no han desaparecido en su totalidad, lo cierto es que el país ha abierto los ojos a una realidad que le había sido nublada por un Estado de Opinión que convenientemente necesitaba mantenernos distraídos frente a temas determinantes para nuestro bienestar y calidad de vida.
La corrupción innegablemente es un mal que hoy galopa transversalmente nuestros sistemas político, judicial y económico; en pocas palabras ha llegado hasta la medula de nuestra sociedad y mutado de tal forma que a pesar de que nos ha afectado directa e indirectamente, la hemos tolerado, consentido y hasta “adoptado” como una característica más de nuestra cultura.
Si llevamos nuestra mirada con más profundidad sobre la magnitud de la corrupción y sus alcances sectoriales, uno se pregunta cuál es el detonante de esto? Y algunos señalan que es la cultura popularizada de ganar dinero fácil heredada del narcotráfico, otros incluso llegan a señalar que ésta es producto del “sistema”, como sí el sistema fuera un ente abstracto y ajeno a nuestro control, cuando en realidad ese sistema somos todos y cada uno de nosotros.
Ante este interrogante, en mi humilde opinión la corrupción no es un mal solitario que sobrevino en nuestra sociedad de un momento a otro como un big bang, pues de hecho me atrevo a señalar que contrario a esto, es una conducta que paulatinamente se ha nutrido y robustecido a partir de otro mal aún más complejo llamado impunidad, que aprovechándose de nuestra inmadura memoria colectiva se ha paseado sigilosamente entre nosotros, para posicionarse en medio del caos de la violencia y la inequidad en la que nos han sumido los actores del conflicto desde la insurgencia y del mismo Estado.
La impunidad es el resultado esperado de la formula delictiva con la que se arriesgan algunos para acceder a beneficios particulares, cuyos actos pueden ir desde lo más a elemental hasta lo más complejo y en ese camino afectar proporcionalmente los derechos y garantías en una sociedad.
Si bien lo ideal es partir del hecho de que cada individuo desarrolla una estructura de valores que se constituyen en el límite de sus actuaciones, también debemos ser conscientes que esas actuaciones se definen en gran parte por el cálculo del costo-oportunidad en donde desafortunadamente para muchos ciudadanos y líderes representativos, la impunidad inclina la balanza en contra de la ética y la moral.
Así las cosas, las mal llamadas “oportunidades” se robustecen cuando el individuo analiza que las consecuencias de sus actuaciones se amortiguarán por el factor impunidad, presente no solo en el sistema de justicia sino en los sistemas político y social, ya que contará con mecanismos para dilatar procesos de justicia, negociar penas y condiciones para cumplir ésta, pero peor aún, puede evadir las sanciones económicas quedándose con el botín y con la posibilidad de seguir ejerciendo su estatus social, ya que socialmente no se le castiga, incluso en algunos casos dependiendo de sus afinidades políticas, puede obtener prontamente nuevas y hasta mejores posiciones de las que había gozado.
Aunque no creo que haya una justa proporción para la corrupción, pues lo ideal es que ésta desaparezca completamente de nuestros sistemas, lo cierto es que mientras la impunidad siga inclinando la balanza para muchos, será muy difícil disminuir su magnitud y alcances.
Como sociedad debemos reflexionar sobre el poder al que hemos renunciado de ser más activos para ejercer y exigir la aplicación de sanciones para los responsables de actos corruptos; no nos escudemos en que el fin justifica los medios, pues así validamos la conducta criminal de algunos para acceder al poder. Tengamos presente que la valía y los méritos especialmente para quienes se desempeñan en lo público, se mide a través de valores como la honestidad, integridad y ética con la que actúan. La impunidad nace cuando callamos ante el irrespeto del contrato social.