Para esto

El fiscal ad hoc que se escogió durante los días pasados para suplir, en un muy específico caso, tanto al fiscal general Néstor Martínez, como a la vicefiscal María Riveros, por encontrarse ambos impedidos para conocer de la corruptela de Odebrecht, me ha recordado, a propósito de la analogía normativa implementada por la Corte Suprema de Justicia para designar a este acusador (aplicando el procedimiento de elección del mismo fiscal general: desde una terna enviada por el presidente de la República), sendos episodios que demuestran, en mi opinión, al menos dos cosas. Estas, quizás, podrían aparecer como contradictorias entre sí, aunque es muy posible que, en el fondo, sean simplemente complementarias.

La primera es que este país no es uno necesariamente afecto a las formas jurídicas, digamos, sanas. Como es de sobra sabido. Y, la segunda, acaso algo sorprendente: a pesar del excesivo formalismo de lo que aspira a ser justo entre nosotros, de la rigidez tramitológica, de las relamidas maneras procesales y de la leguleyada rampante e impune, en Colombia, el hecho de que no haya habido una norma que emplear para un caso concreto de derecho púbico no ha significado el tambaleo que sí sería en otras partes. Aquí parece haber temas que exacerban más los ánimos de la gente que la existencia de vacíos normativos que, a su vez, pudieren derivar en fertilidad de inventos e improvisaciones, cuyo efecto a la larga casi siempre es imposible de anticipar.

Acerca de esto último, pienso en dos casos de nuestra historia suficientemente reveladores: el Frente Nacional y la Séptima Papeleta. Para el primer evento, los líderes del par de partidos políticos en discordia se reunieron un par de veces en la turística Cataluña de 1957, con el fin de parar el desangre de los campos colombianos que ambas facciones, aunque más la azul, habían pergeñado. Buscaban ponerse de acuerdo sobre “lo fundamental”, y lo fundamental resultó siendo el poder a partes milimétricamente iguales. Pero, claro, había que salvar a Colombia, y esto no lo digo irónicamente: la situación a la que se había llegado hacia 1957 era barbárica. Así, el Frente Nacional surgió de una fuente material de derecho constitucional muy extraña: las conversaciones entre Alberto Lleras y Laureano Gómez en pleno Mediterráneo. Esto, a pesar de su masiva refrendación posterior, la del plebiscito del 1º de diciembre de 1957.

La Séptima Papeleta fue, similarmente, un fenómeno huérfano de reglamento escrito. Consistió en una iniciativa del estamento universitario de finales de la década de los ochenta. Tal permitió que, en las elecciones del 17 de marzo de 1990, para Senado, Cámara de Representantes, Asambleas Departamentales, Juntas Administradoras Locales, Concejos Municipales y Alcaldías, se incluyera una séptima papeleta, que era “no legal”, y así decidir acerca de la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, génesis de la de 1991, y de su Constitución.

La violencia colombiana es cosa obvia, fácil, evidente. Sin embargo, no deja de ser raro que, cuando las reglas del juego se han flexibilizado para la consecución de un fin común, se haya dado la clase de aprobación silenciosa de hoy, una ad hoc, a veces la más efectiva de todas.