Es por demás significativo que en poco más de medio siglo Colombia haya pasado de ser un país rural, de economía agrícola y campesina, a ser un país urbano, con el 75% de su población habitando las ciudades, con una economía en su mayoría informal, que la sostiene en muchos aspectos, el trabajo de las personas que, por diversas razones, migraron del campo.
En el mundo cerca del 80% de la población en condiciones de pobreza extrema y hambre, en su mayoría son campesinos, apegados a la producción agrícola en pequeña escala y demás ocupaciones en el campo. Estas mismas o son su única posibilidad o es su decisión de vida. En Colombia, según el Dane, a 2017 el 15,4% de las personas que habitan centros poblados y rural disperso, están en Pobreza extrema. En estos otros territorios, que incluyen la ruralidad, el 36.6% está en pobreza multidimensional. Allí sobrevive la población campesina, en medio de la trampa de la pobreza y de la inequidad.
La importancia socioeconómica de la población campesina no sólo parte de la demanda en las ciudades de los alimentos que se producen en el campo, sino también de la preservación de los recursos naturales que posibilitan acceder a la prestación de servicios esenciales como la energía eléctrica, el agua y hasta para la producción, entre otros factores, de algunos medicamentos. Asimismo, es clave también la relación del ciudadano con su territorio, no sólo desde lo cultural, en sus usos, costumbres, identidad y patrimonio intangible, con la idea de la tenencia de la tierra conectada al saber ancestral, para el desarrollo humano sostenible y la productividad, sino también, desde la convivencia con la naturaleza. Remember, nuestra mayor riqueza es la biodiversidad. Nuestra mayor esperanza es nuestra gente y su trabajo decente.
Como un reconocimiento a la dignidad de la población rural, para mejorar sus condiciones de vida; promover y desarrollar sus derechos; permitir el acceso en igualdad de oportunidades al trabajo decente, el pasado 19 de noviembre, se aprobó en las Naciones Unidas la Declaración sobre los derechos de los campesinos, las campesinas y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, con un catálogo mínimo de derechos para el desarrollo rural, en una democracia.
Esta aprobación lleva un largo proceso hacia su adopción formal. Sin embargo, de manera inexplicable, Colombia se abstuvo de ratificar esta Declaración, entrando a un club de 49 Estados que omitieron, y 7 más en contra, que esta declaración se adopte en pleno en la Asamblea General de la ONU. A pesar de que estos instrumentos como las declaraciones, no tienen una aplicación inmediata, así como con los convenios, sus efectos demandan, además, reglamentaciones en el ordenamiento interno, después de ser suscritas; sin embargo, la poca voluntad del Estado de garantizar derechos a la población campesina, no sólo tiene este ejemplo, sino también está la aún aplazada reglamentación de Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, como el 141 de 1975, que busca ampliar el derecho de asociación de las organizaciones de trabajadores rurales, para su desarrollo económico social y su calidad de vida.
Somos un país de tradición agrícola, ganadera, pesquera y demás, con un incipiente crecimiento agroindustrial, pero, con amplias posibilidades de desarrollo rural; en el pasado reciente suscribimos un Acuerdo de Paz, que contemplaba un capítulo sobre la tierra. De manera que es inconcebible que Colombia se niegue a avanzar en realizar los derechos de la población campesina. Ojo, la lucha contra la inequidad regional y la pobreza en la ruralidad, es el fundamento de la Paz social. Como es el desayuno, se verá el almuerzo, en un país que parece se mira la política rural, un siglo atrás. ¿Hacia dónde vamos? @rvillasanchez