Algunas de las protestas estudiantiles que se llevaron a cabo la semana pasada degeneraron en actos de vandalismo. Es hora de preguntarnos: ¿Si la educación pública la pagamos todos los contribuyentes, acaso no tenemos derecho a exigir que por lo menos los que tienen el “privilegio” de servirse de ella la aprovechen? Quienes cometen actos vandálicos no son estudiantes sino delincuentes y como tal deben ser tratados.
El estado y la sociedad en general no pueden amilanarse cada vez que en aras de ejercer el derecho de protesta, un grupo se toma las ciudades y genera caos, daña bienes ajenos e intenta asesinar a los agentes del orden. Ya la excusa de que no son todos sino unos pocos suena estúpida. En un país como Colombia, quien convoca a una marcha de protesta sabe con absoluta certeza que el vandalismo estará a la hora del día. Llegó el momento de hacerlos responsables de los danos y perjuicios causados por la marcha que ellos convocaron.
El derecho es a la protesta pacífica, y es lo que está amparado constitucionalmente. La protesta violenta no goza de protección legal, y cae en el área penal. El gobierno Duque debe dejar de lado la blandenguería y ejercer autoridad, ya que para eso lo elegimos. El presidente de Colombia es el encargado de mantener el orden.
El país no va a sacar recursos de donde no tiene para financiar la educación pública universal. Allá tendrá que llegarse algún día pero primero el desarrollo económico del país tiene que crear los excedentes necesarios para hacerla viable y sostenible en el tiempo.
Entre otras cosas, no entiendo cuál es la inquina contra la universidad privada. Cuando los padres hacen sacrificios y envían a sus hijos a colegios y universidades privadas, están liberando recursos públicos para que sean usados por los que van a las universidades públicas. Tal vez la solución sea que comencemos a enviar a nuestros hijos a las universidades públicas. Eso sí, nada de pago de matrícula por declaración de renta: todos los estudiantes pagan lo mismo. Si es gratis, es gratis para todos. Y si hay que pagar algo, pues todos pagamos lo mismo. Quizás eliminando el privilegio que hoy tienen los que van a la universidad y a los colegios públicos, valoren más lo que tienen.
Si enviáramos a los que van a la universidad privada a las públicas, y que uno presume lo hacen porque quieren estudiar, y desplazamos a los que van a las universidades públicas a pensionarse de mamertos, se acabaría este cuento de las protestas de desadaptados con inclinaciones criminales. Hay estudiantes muy serios y brillantes en las universidades públicas que no tienen de qué preocuparse, pero el sistema tiene que purgarse de los malos elementos a las buenas o a las malas.
Esto no es un problema solo de policía sino también de las directivas de los planteles. Si la rectora de la U.N dice que los estudiantes deben volver a clase, y estos no lo hacen, pues, expúlsenlos. La verdad es que muchos de los que hoy calientan pupitres en las aulas de las universidades públicas no deberían estar ahí; deberían estar en la cárcel que es donde pertenecen.
La protesta pacífica siempre será un método valido de participación democrática, no creo que nadie la esté contra ella. Estamos es contra el vandalismo y contra los vándalos que fungen de estudiantes.