Desde que conocí el procedimiento de selección de magistrados de la JEP en los acuerdos de La Habana, tuve el presentimiento de que nada bueno saldría de ahí. La elección de magistrados por extranjeros era un claro desconocimiento a nuestra democracia y nuestra soberanía. No creo que ninguna nación acepte que extranjeros nombren a quienes nos juzgarían a todos.
La Corte Constitucional con buen criterio evitó que los terceros tuvieran que someterse a la JEP. No comparto la postura del señor Fiscal que sostiene que aquello es un error, y que deben ahora someterse a la JEP. Eso equivale a “refundar” el Estado de Derecho, y la institucionalidad. ¿Por qué tendríamos que someternos a una justicia nombrada por extranjeros producto de un acuerdo que la mayoría de los colombianos rechazamos en un mecanismo democrático?
Tratamos de imponer inhabilidades e incompatibilidades a los magistrados para garantizar algo de objetividad, pero el Gobierno Santos no las aceptó. Luego conocimos los magistrados, muchos militantes de ideas políticas y muchos litigantes contra el Estado, contra las Fuerzas. Una justicia diseñada por las Farc y para las Farc tiene como consecuencia lo que tenemos. No permiten extraditar a Santrich pese a que incumplió los acuerdos. Malo. Mantienen los beneficios de Iván Márquez, aunque no saben dónde está y le valen una carta como “sometimiento”. Malo. No va el Paisa y tienen que estudiar si sigue o no sometido. Malo. Eso sin contar los escándalos de permisos de salida para los cabecillas de las Farc, los favorecimientos indebidos, los escándalos burocráticos, y ya un magistrado, con tan poco tiempo, detenido por recibir coimas.
¿En una justicia así podemos someter a la Fuerza Pública?
Necesitamos magistrados elegidos por la institucionalidad, que no tengan sesgos en contra de la Fuerza Pública, que conozcan el DIH y los manuales operacionales de las fuerzas para que los juicios sean justos. Necesitamos garantías y tratamiento diferenciado para los héroes que han defendido nuestra democracia.
El tratamiento de la Fuerza Pública no es equitativo al de las Farc. Los guerrilleros, por el solo hecho de serlo, ya tienen delitos y por lo tanto, se someterán todo reconociendo sus delitos. El resultado será la libertad, y en los casos graves podrán tener penas, que no serán privativas de la libertad, sino serán meras restricciones a la movilidad. En cambio, si como es de esperarse, la mayoría de los miembros de la Fuerza Pública se declararán inocentes y no recibirán benéficos.
Si un hombre de la Fuerza Pública es culpable, así lo declarará ante la JEP recibirá los beneficios y obtendrá la libertad. Si en cambio, es inocente y así se declara, tendrá que enfrentar un juicio ordinario –con la mejora de que será juzgado con las normas del DIH y el derecho operacional- pero enfrenta la posibilidad de 20 años de cárcel. Hay un perverso incentivo para forzar la auto-incriminación, y de esta manera construir una verdad de mentiras que terminaría favoreciendo a las Farc.
Queremos una justicia justa. Que le dé a la Fuerza Pública garantías en los jueces, en las normas. Que les de presunción de inocencia y por lo tanto que no condicione los beneficios al requisito de la auto-incriminación. La opción más limpia era una sala especial, toda vez, que no tocaría ni alteraría el cuerpo de los acuerdos. El sometimiento de las fuerzas fue decisión del Gobierno. Ahora estamos por un camino más complejo de inyectar a la JEP nuevos magistrados en paridad de número de los que existen, a través del acto legislativo que estamos discutiendo. Buscaríamos los otros benéficos en otros proyectos. Ahí vamos.