Más de cuarenta años han pasado desde mi ingreso a las aulas de mi primera universidad pública.
Aterricé en la universidad del Atlántico en plena efervescencia del movimiento estudiantil. El más grande que se haya vivido en una lucha frontal para rechazar el plan básico para la educación superior con el que el gobierno de Misael Pastrana Borrero pretendía centralizar el manejo de la universidad pública, arrebatándole a los estamentos universitarios la posibilidad de gobernarse autónomamente. Se sintió el ruido en toda Colombia, las marchas y los mítines invadieron las calles de las principales ciudades, proliferaron los grupos y corrientes de izquierda que ilusos veían en la fuerza estudiantil una aliada estratégica para la revolución que soñaban.
La respuesta en medio de la precariedad presupuestal por la que atravesaban las universidades públicas no se hizo esperar mucho tiempo: la bota militar y la represión ocuparon los claustros sagrados de la universidad pública. El nombramiento de rectores policías, revestidos de poder para abrir o cerrar facultades, expulsar o suspender a alumnos y profesores, señalar y encarcelar a los dirigentes estudiantiles le permitió al gobierno nacional paliar la inconformidad y resquebrajar la unidad estudiantil para debilitar su movimiento. Fueron momentos de horror para la educación superior al mando de los Rodríguez Figueroa y los Navarro Patrón que ya nadie recuerda.
La autonomía llegó a medias durante el gobierno de López Michelsen, que abrió puertas para que fluyera la democracia en los centros universitarios sin mejorar sustancialmente las finanzas. Se crearon luego otras universidades públicas, en Sucre, El Cesar, Córdoba, La Guajira y otras ciudades del país que apenas si subsistían con los recursos asignados por la Nación, manteniéndose siempre con un déficit presupuestal cada vez más difícil de manejar. Hoy el déficit cumulado es de 18,2 billones de pesos y la hacienda pública del Presidente Duque apenas le asegura la ridiculez de medio billón de los cuales sólo el 11 por ciento irá a la base presupuestal de las universidades y el 89 por ciento restante los manejará el Ministerio de Educación, supuestamente para inversión, gratuidad y programa de excelencia.
El Sistema Universitario Estatal requiere en el corto plazo la adición de medio billón de pesos para las 32 universidades públicas que hay en el país, convertidos en recursos permanentes que permitan sufragar el déficit acumulado, pagar las nóminas de docentes y administrativos y otros gastos de funcionamiento. Se requieren recursos permanentes para garantizar la conectividad, los sistemas de información, la educación virtual, la investigación y el sostenimiento de la infraestructura educativa de los campus universitarios. Pero más que la plata en sí, como cuestión de fondo, se requiere construir una política de Estado para fortalecer el sistema de universidades públicas. Aún le quedan un par de semanas para que se apruebe el presupuesto nacional en el Congreso, pilas, porque los estamentos universitarios volverán se volverán a tomar las calles.