Escrito por:
María del Rosario Guerra
Columna: Opinión
e-mail: comunicacionesmrg@gmail.com
Twitter: @CharoGuerra
Colombia llora a sus niños. A Génesis, violada, asesinada e incinerada por un monstruo en Magdalena; a Cristo José, secuestrado en Norte de Santander y liberado una semana después gracias a la reacción de la ciudadanía, el Gobierno y las Fuerzas Militares.
Y en medio del llanto, la urgente búsqueda de correctivos. Los penales por lo menos. Castración química, cadena perpetua y pena capital son alternativas analizadas en cada ocasión en que el dolor se convierte en indignación masiva y mediática. No soy ajena al debate y por ello en redes sociales formulé la siguiente inquietud:
“Defender la vida y la integridad de nuestros menores es prioridad del Gobierno del presidente Iván Duque y de la bancada del Centro Democrático ¿Usted está de acuerdo con la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños?”
Más de 4 mil votos en 24 horas de sondeo y el 89 por ciento dijo sí a la posibilidad de cadena perpetua. Lo que me llevó a escribir este texto es que entre centenares de comentarios recibidos en la publicación de Twitter, la gran mayoría de ciudadanos exigía la pena de muerte como respuesta a la barbarie contra los menores.
¿Realmente Colombia quiere matar a los violadores y asesinos de niños? ¿Quitando vidas defenderemos a los más indefensos? ¿Haciendo lo que los monstruos hacen pretendemos que dejen de hacerlo?
Creo que una pena real de 60 años de prisión (sin beneficio judicial alguno para el victimario) es equivalente a una cadena perpetua para los monstruos, pero es válido el debate en esa materia. Siempre he defendido la vida desde su concepción hasta la muerte natural y aunque comparto la indignación social, no puedo dejar de hacerlo en este caso. Claro que tiene que ver con mi fe y mis principios: No matarás, dice el quinto mandamiento.
Defender a nuestros niños no puede convertirse en una cruzada ciega para asesinar al criminal. Lo urgente es fortalecer el sistema de justicia, priorizar los casos de violencia contra menores, aplicar la ley sin contemplaciones y con celeridad, así como eliminar esos beneficios penales que aún existen para este tipo de delincuentes. Sumando educación, familias fuertes y acompañamiento institucional a los más vulnerables frente a la violencia sexual, podemos lograrlo.
Sí, Colombia debe promover la aplicación efectiva de una pena máxima para los violadores y victimarios de niños, pero defender a la infancia también implica un compromiso de todos, incluyendo a los padres de familia en su tarea de vigilar, cuidar y llenar de cariño; y al Estado en su deber de garantizar seguridad en centros de desarrollo infantil, colegios, parques y zonas comunes.
Todo el trabajo está por hacerse. No caigamos en la trampa: hay muchos asesinos en nuestra sociedad, pero jamás podemos convertirnos en una sociedad de asesinos.