Colombia se encuentra a punto de que muchos de sus ciudadanos sean sometidos a procesos judiciales desde organismos extranjeros. Esto se debe a que nosotros los colombianos no hemos sabido o podido expedir leyes y establecer procedimientos jurídicos eficaces para que los jueces y magistrados las apliquen con rigor ético a quienes correspondan; de tal manera que acusados y juzgados se sientan con suficientes garantías judiciales.
Tal parece que en ciertos casos, los afectados o sus representantes legales no aceptan los veredictos de culpabilidad porque les parecen totalmente sesgados e injustos, y además porque estos procesados o condenados desconfían de la neutralidad de los jueces y hasta de los propios magistrados. Eso está provocando que en estos, casos ellos hayan tenido que acudir a tribunales internacionales en búsqueda de medidas cautelares por falta de estricta legalidad.
Tampoco se puede argumentar que esos únicos casos sean de destacados personajes de la política nacional o de altos funcionarios del Estado, porque es sabido que ciudadanos del común han tenido que acudir a instancias internacionales para que les garanticen debidos procesos para fallos controvertidos. De pronto no se observen más casos, debido a una falta de oportuna asesoría jurídica o falta de recursos económicos para tener absceso a esas instancias.
Esta situación, la nota más la ciudadanía después que la Nación fue sometida a la perturbación de un Proceso de Paz, el cual desconfiguró todo el andamiaje político, judicial y económico de la República. El final del proceso terminó en un controvertido acuerdo compendiado en un documento, y sometido a la sentencia del pueblo mediante un plebiscito, el cual, la mayoría de votantes rechazó categóricamente. Sin embargo, después de algunos ajustes, el Congreso de la República lo avaló con el visto bueno de la Corte Constitucional.
Un aparte del documento final dice así: “… el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el procedimiento de refrendación, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional …” Pues, lo anteriormente escrito no se aleja mucho de lo que el actual Gobierno está haciendo; así se considere que éste lo hace con un objetivo de gobierno distinto de la concepción original del acuerdo.
Los negociadores y firmantes del acuerdo final dejaron constancia que “…El Acuerdo Final reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona como fundamento para la convivencia en el ámbito público y privado, y a la familia como núcleo fundamental de la sociedad…”. Además, agregaron que “…Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas…”. Tema de palpitante actualidad que involucra a todas fuerzas vivas de la Nación.