Emoción de censura

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Escrito por:

Alonso Amador

Alonso Amador

Columna: Opinión

e-mail: alonsoamador26@gmail.com
En la Inglaterra del siglo XIII, cuando apareció quizás el primer modelo de sistema parlamentario, la influencia del Parlamento se limitó a los asuntos de impuestos, mientras que el rey siguió a cargo de las funciones legislativas y de gobierno más importantes.
Entre otras atribuciones, el rey continuaba escogiendo a sus ministros, los cuales eran responsables solamente ante el rey, así como Carrasquilla, nuestro ministro de Hacienda, sólo le responde políticamente al Presidente.

Paulatinamente, el Parlamento fue aumentando su poder y, para el siglo XVIII, pasó a dirigir los temas esenciales de la agenda política del Estado, dejándole al rey un cargo político casi simbólico de influencia excepcional, el de jefe de Estado. En adelante, el Parlamento escogería al gobierno (primer ministro y gabinete) y, en consecuencia, tanto el primer ministro como su gabinete responderían ante el Parlamento y no ante el rey, dando origen al principio de responsabilidad política del gobierno.

Si bien la Cámara de los Comunes del Parlamento tramitaba los actos ilegales del gobierno mediante la acusación, ¿cómo podría motivar la destitución del primer ministro y su gabinete por actuaciones contrarias a los principios políticos del Estado? Nace, entonces, la moción de censura como institución para aplicar el principio de responsabilidad política del gobierno.

En Colombia, con un sistema político presidencial, copiamos una institución cuya aplicabilidad depende de la existencia del principio de responsabilidad política, el cual surge, a su vez, del hecho de que el Parlamento designe al gobierno; lo que equivaldría a que el Congreso hubiera designado a Duque como Presidente y a Carrasquilla como su ministro de Hacienda, cosa que no sucede y razón por la cual jamás podrá ejercerse una moción de censura en Colombia, pues no existe el principio de responsabilidad política del gobierno.

Y si bien este principio nace de la potestad del Parlamento para escoger al gobierno, su realización depende de otro factor aún más complejo: una opinión pública fortalecida e informada, es decir, ciudadanos que ejercen sus derechos políticos con un profundo arraigo en la cultura política de la nación, y que consideran que las instituciones del Estado están por encima de sus políticos. Cumplido este requisito, los gobiernos saben que ante actuaciones políticamente inmorales, la opinión pública podrá, mediante sus representantes, forzar su destitución o su dimisión a través de la moción de censura.

Por moción de censura han caído gobiernos en Reino Unido (Callaghan, 1979), Rumania (Grindeanu, 2017), y recientemente en España (Rajoy, 2018), todos con sistemas políticos parlamentarios. Entonces, ¿no hay manera de que en países con sistemas presidenciales, como el nuestro, se puedan destituir gobiernos o ministros por sus actos contrarios a los principios democráticos y a la ética pública?

En Estados Unidos, con sistema presidencial, ante la inminencia de un impeachment se logró la dimisión del presidente Richard Nixon (1974) por haber violado los principios democráticos de la nación. Pero al igual que en la moción de censura, la aplicación del impeachmente depende de la fortaleza de la opinión pública y de la correcta interpretación que de ésta hagan sus representantes políticos; asimismo, la base del impeachement está en la ética de la acción política.

Por lo tanto, por más pruebas que demuestren que un ministro ha actuado contrariamente a la ética en lo público, nunca, reléase bien, nunca podrá destituirse mediante moción de censura en un país que admite que la política se practique con exención de la ética, máxime si la mayoría de sus ciudadanos cree que los políticos, incluyendo al Presidente, están por encima de los valores de la sociedad y de las instituciones políticas.

Si los colombianos queremos aplicar una institución como la moción de censura o el impeachment, es necesario que aceptemos que la política debe ejercerse con vinculación a la ética en lo público y que ningún individuo, por poderoso o millonario que sea, está por encima de nuestras instituciones políticas. No es sencillo ni inmediato, se requiere de mucho tiempo construyendo cultura política, pero reconocerlo será un avance. Mientras tanto, nuestros debates por moción de censura en el Congreso sólo despertarán emoción de censura.

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