El costo para los usuarios de las deficiencias en la prestación del servicio es enorme. Por supuesto, las cosas son mucho menos graves que antes de la sustitución de las antiguas electrificadoras de la Costa Caribe propiedad de la Nación por capital privado en el ocaso de la administración de Ernesto Samper, pero también las exigencias de hoy son superiores a las de hace dos décadas, cuando empezó a funcionar la empresa con el capital de dos socios, uno americano y otro venezolano, que no se entendieron.
Al igual que en otros casos, como el de Empresas Municipales de Cali, que presta los servicios de energía y acueducto y alcantarillado en la Sultana del Valle, la Superintendencia ignoró el procedimiento establecido en la ley 142, cuya modificación impulsó Diego Caicedo, Superintendente en la administración de Andrés Pastrana, para que no fuera obligatorio. La norma, diseñada por el reconocido abogado Hugo Palacios, ex Ministro de Hacienda y ex Gerente del Banco de la República, apuntaba a la formación de un fideicomiso cuyo Consejo asumiría las responsabilidades inherentes a la gestión. Así se evitarían los conflictos entre la labor de vigilar propia de la Superintendencia, y la de administrar negocios en marcha. En el caso que nos ocupa, se mitigarían los riesgos legales por hipotéticos perjuicios al accionista cuya gestión se cercenó en el momento de la intervención.
Lo natural habría sido entregar la tarea a un conjunto de notables regionales de perfil variado - empresarial, académico y de profesiones liberales - con el fin de diseñar y poner en práctica la estrategia adecuada para enderezar el negocio. El reto es operar una red de distribución, que es monopolio natural, y con el producto de la operación y otros recursos diversos, financiar las inversiones necesarias para ofrecer un buen servicio. Es determinante construir la relación necesaria con la comunidad para asegurar el pago y mitigar los fraudes, tarea que Codensa, Celsia y EPM ya han realizado con éxito en regiones con aparente reticencia al cumplimiento de las obligaciones, aunque no con la dimensión de la Costa Caribe. Se requiere perseverancia y compromiso de la organización, pero al final la construcción de valor permitirá llegar a acuerdos con los anteriores accionistas y, sobre todo, ofrecer un servicio adecuado a casi 11 millones de personas cuyo bienestar está en juego.
La administración de Juan Manuel Santos contrató una consultoría de un millón de dólares con la Financiera de Desarrollo Nacional, cuya recomendación es de difícil aplicación. Requiere que un inversionista arriesgue centenares de millones de dólares en la tarea de conquistar mediante gestión la autoridad moral necesaria para enderezar la cartera del negocio y financiar las inversiones requeridas. La solución de Hugo Palacios, en contraste, disiparía las dudas sobre el propósito social de la gestión, y podría ser un primer paso en la tarea de articular el liderazgo de la Costa para impulsar su desarrollo social y económico.