El domingo pasado más de 11 millones y medio de colombianos votaron a favor de la consulta “anticorrupción”. Más que la necesidad o no de la misma, su efectividad, o su innecesario o necesario costo, debemos analizar lo ocurrido y darle un significado. En primer lugar, no considero que haya habido ganadores o perdedores. Ganamos todos. Ganó el país político, pues ahora, si debe entender que la corrupción es un fenómeno dantesco que debe ser combatido y corregido y es aborrecido por los electores.
Ganó el ciudadano de a pie, puesto que, bajo el manto de la institucionalidad, el Gobierno Nacional, las “ias” y sus representantes en el legislativo deberán abordar el fenómeno de la corrupción de una manera más decidida y efectiva. En segundo lugar, y a pesar de que existe un mensaje fuerte y claro de la ciudadanía, al no pasar el umbral, así fuera o no obligatorio su resultado, se puede manejar de una manera pragmática y no populista el golpe de opinión contra la corrupción.
En general, los golpes públicos de opinión, aun cuando pueden ser valiosos, deben estar sometidos al marco institucional. Nada más peligroso que los golpes de opinión que no respetan las garantías, los derechos y el marco institucional, pues pueden terminar en reformas no adecuadas desde el punto de vista práctico o jurídico, mientras son aplaudidas por la tribuna.
Pensar, por ejemplo, en una reducción de los salarios de los altos funcionarios no es sino un gesto populachero que terminaría remunerando inadecuadamente, por debajo del mercado, a los mismos. De esta forma, el Estado se quedaría con lo que puede pagar, es decir, lo regular y no lo mejor. Asimismo, pensar que el gasto público se “priorice” en audiencias públicas no deja de ser inadecuado, absurdo e insólito. El problema de la corrupción no se resuelve con la “priorización” del gasto en audiencias públicas, ni bajando los salarios de los altos funcionarios del Estado.
Esto no es más que populismo barato. En tercer lugar, aun cuando existe un llamamiento a gritos de la ciudadanía a sus dirigentes para que tomen en serio y combatan el fenómeno de la corrupción, hoy en día existen leyes y decretos que, si se aplicaran, la combatirían adecuadamente. Así, más que nuevas leyes, se requiere la decisión política del Gobierno y la labor institucional de las “ias” para combatir y frenar la corrupción.
Si además, el Gobierno y el Congreso pueden mejorar las normas existentes o expedir nuevas normas para combatir el fenómeno, bienvenidas sean, pero ellas no serían “per se” la solución al problema. En cuarto lugar, afortunadamente, el Presidente Duque y otros sectores políticos distintos a los populistas de izquierda no dejaron que estos secuestraran el mensaje popular. No se trata ahora de señalar, como estos populistas señalan, que hay un mandato claro y prístino para implementar todo lo que se preguntó. Muchos no votamos, porque así lo quisimos, para frenar la orgía populista y no terminar con “mandatos populares” inadecuados y, no por ello, nos gusta la corrupción o somos corruptos.
En consecuencia, serán el Gobierno y el Congreso, los que interpreten este pronunciamiento popular, más no mandato total, claro y vinculante, para expedir las normas pertinentes como parte de sus funciones constitucionales. No podría ser diferente, pues se debe respetar el marco constitucional. No podrán argüir ahora, los promotores de la consulta y otros sectores, que el Congreso debe implementar las 7 preguntas tal como se realizaron, pues estas no pasaron el umbral.
Y mucho menos, que no vayan a decir lo malo y carente de facultades que es el Congreso para llevar a cabo las reformas necesarias para modular la consulta que no pasó el umbral, cuando anteriormente, recalcaban lo bueno y poseedor de facultades que era el Congreso para refrendar un acuerdo de paz que fue negado por el pueblo, mediante un plebiscito que si pasó el umbral. Veremos qué pasa, pero por lo pronto, que se apliquen con mano dura las leyes existentes.