“La escuela enseña la ubicación de los ríos, pero jamás explica la importancia del agua. Somos un baúl repleto de contenidos, pero vacío de contexto. De ahí nuestra dificultad para aplicar el conocimiento a la realidad“. Rodolfo Llinás
Santa Marta ha tenido en los últimos veinte años un crecimiento vertiginoso que, según cifras y proyecciones Dane hoy alcanza una población de 507.324 -proyección Dane a 2018- que se aprecia apretada en el perímetro urbano y en todo el resto del territorio. Al ritmo que la población creció durante este periodo también lo hicieron sus necesidades básicas y de servicios de agua potable, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, educación, salud, movilidad y transporte, espacio público y seguridad.
Su apuesta por convertirse en uno de los atractivos turísticos más importantes de la Región Caribe y el país, aprovechando su ubicación geográfica, infraestructura hotelera y recursos naturales, le valió para que muchos nacionales y extranjeros la escogieran como su destino favorito para vacacionar o tomarlo como primera y segunda residencia. Hoy, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo registra -como consecuencia de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana con las Farcs- para Colombia una afluencia de turistas extranjeros que sobrepasa los cuatro millones de personas, de los cuales la ciudad recibió a por lo menos un cuarto de este volumen, durante el primer semestre de este año.
Sin embargo, percibir la ciudad desde esta perspectiva le va imponiendo cada día nuevos retos a la dirigencia local, política y empresarial, a los gobernantes y a la ciudadanía, porque no es suficiente que Santa Marta pueda ofrecer mínimas condiciones de habitabilidad, pobres servicios públicos e infraestructura, encadenamientos financieros, grandes superficies comerciales y de negocios y modernos sistemas de comunicaciones para que se desarrollen las iniciativas productivas que sostienen la economía fundamentada en la actividad turística principalmente. Se requiere necesariamente un nuevo ordenamiento institucional que permita que el aparato productivo pueda moverse con holgura, para que sea más productivo y genere más fuentes de empleo e ingresos para la población.
Un nuevo ordenamiento institucional que le permita a la ciudad medir su capacidad de resiliencia y sostenibilidad para responder con eficiencia ante las situaciones que le generan desmedro como opción turística que es. Las intervenciones y las obras de desarrollo urbanístico, edificios y carreteras, por si solas no producen los cambios que la sociedad necesita. Contribuyen, pero no transforman la esencia de los valores que rigen el comportamiento de los samarios, de su cultura y de su actitud para crear entornos sociales cohesionados y armónicos. No podemos medir el impacto de unas obras de cemento solamente en metros cuadrados de pavimento para andenes, bulevares y avenidas sino a través de indicadores de movilidad y transporte, convivencia y cultura ciudadana, formación y certificación de competencias laborales y, en seguridad.
El progreso de las ciudades no es medible por las obras de ingeniería y urbanismo existentes sino por el significado que tengan para los beneficiarios de ellas, por lo que representen y por lo que esas obras se conserven en el tiempo hasta mucho después de haberse inaugurado, hasta que crezca en la ciudadanía el sentido de pertenencia, el respeto y la valoración de lo público como el bien sagrado e insustituible de todos. Nuestros gobernantes no se ocupan del rescate y del fortalecimiento de nuestros valores humanos, sociales y culturales para que la sociedad funcione armónicamente. Ellos prefieren invertir los recursos públicos en carreteras, alcantarillados, acueductos que también se requieren sin asignarle recursos a la educación y a la formación ciudadana. Ocupémonos nosotros, por pura conciencia samaria.