No le debe quedar duda a alguien, ni a los jóvenes que no vivieron en carne propia el narcoterrorismo guerrillero, que el expresidente Uribe hizo viable este país. El país, como lo decían los entendidos, era fallido. Los ciudadanos estábamos a merced de los narcoterroristas guerrilleros. La economía estaba en la peor de las crisis. El éxodo de colombianos al exterior fue monumental. La movilidad de los ciudadanos, por no decir desplazamiento, de los municipios colombianos a las ciudades capitales, también fue muy importante. Todo era incertidumbre y desazón. Pero, afortunadamente, surgió un líder carismático, claro y contundente, con unas ideas políticas democráticas y de defensa de la vida, honra y bienes de los colombianos. Uribe nos hizo creer en nuestro país.
Nos hizo creer que el estado colombiano era capaz de enfrentar la amenaza narcoterrorista guerrillera y darle calidad de vida a los ciudadanos, empezando por la seguridad. Y en ese proceso, crecimos, maduramos como nación, y el sueño se contagió a lo ancho y largo del país. Con ese talante democrático que lo caracteriza, catapultó con su gobierno al país y a sus ciudadanos. Si todo eso no fuera poco, años después de que cometió su mayor error, al permitir que Santos cargara sus banderas, salió nuevamente al ruedo a evitar que la peste socialista latinoamericana, encarnada en ese esperpento castro-chavista venezolano, se propagara en Colombia. Con su férrea pero humana personalidad y su claridad en la defensa de la democracia y de la economía de mercado, Uribe se constituyó en el baluarte, en el muro de contención de la guerrilla narcoterrorista y de la izquierda.
Así, al no poder ser derrotado en las plazas públicas mediante el sufragio, sus enemigos políticos han tratado de volver la pugna ideológica y política un tema judicial. Cepeda, en ese afán de cazar al líder, a la pieza mayor del coto de caza democrático y capitalista, que lo catapulte políticamente, trasladó su impotencia política y electoral a los estrados judiciales. Fungiendo como defensor de derechos humanos visitó las cárceles del país. Recaudó pruebas consistentes en testimonios de bandidos que poco se les puede creer y que al final quieren simplemente tener beneficios. Uribe por otro lado, en ejercicio legítimo de su derecho a la defensa, pidió una y otra vez que se dijeran la verdad. Juridicamente, el juez de conocimiento dirá quién tiene o no la razón y quién actuó o no conforme a derecho. Pero el punto, al final del día, no es jurídico sino político. Cepeda quiere hacerle jaque mate político a Uribe. Quiere enlodar su nombre, su prestigio, acabe o no en la cárcel, para derrumbar a un baluarte de la democracia y de la economía de mercado, que justifique su ideario y lucha política y, como resultado, lo impulse a la presidencia. Quiere anarquía, un desbarajuste institucional, desligitimando a Uribe, que permita como contrapartida legitimar a la guerrilla narcoterrorista “desarmada” y al fallido y mal estructurado proceso de paz y su implementación.
En este sentido, para que lo tengamos claro, el asunto Uribe-Cepeda no es un asunto jurídico, sino político. Además de ello, y con buena razón, como creo que lo debe pensar Uribe e igualmente gran parte de la opinión pública, la Corte Suprema de Justicia, deslegitimada por los escándalos recientes y politizados por la forma en que se integra y el ideario político de algunos de sus miembros, no es garantía de un trato igualitario e imparcial. Así, si la Corte Suprema de Justicia sigue en el camino que parece quiere transitar, con actuaciones que tienen una dirección y un claro matiz político, generará un caos institucional sin precedentes que no le conviene a la nación colombiana. Esperemos que la razonabilidad se imponga y que Uribe, como baluarte de la democracia y de la economía de mercado, no sea objeto de vendetas jurídicas sin piso, sin pies y sin cabeza, solo para que la izquierda se anote los puntos de haberse tomado y derrumbado el baluarte de la democracia y de la economía de mercado y así le quede libre el camino al poder para cambiar el modelo del estado colombiano.