Históricamente en Colombia las víctimas del conflicto han sido relegadas a un segundo plano o mejor, nunca han estado realmente en la agenda gubernamental ni legislativa.
No es extraño escuchar acerca de los miles de crímenes que han cometido los grupos alzados en armas contra sectores de la población civil, no obstante, un relato colectivo de los hechos no ha sido posible. Aunque en muchos casos la víctimas han sido indemnizadas, su derecho a la verdad se les ha negado, en cuanto Colombia no reconoce aún los sufrimientos y dolores que vivieron y que no han podido superar.
La Ley de Justicia y Paz, es evidencia de que la verdad no es un derecho que hayan tenido las víctimas del conflicto, ya que en ésta sólo se le dio voz a los victimarios, quienes eran los únicos que podían contar su versión fría de los hechos. Además, los victimarios ni queriéndolo así, podían contar la realidad ya que sus familias se encontraban a merced de aquellas redes criminales que nunca se desmovilizaron, y que al verse afectadas por declaraciones no dudarían en matar o amenazar para callar aquellas voces. Estos sujetos no sólo eran callados por sus enemigos dentro del conflicto, sino que también los fueron con su extradición, que fue una muestra de que al gobierno no le interesaba ni la justicia, ni la reparación y mucho menos conocer la verdad de aquellos atentados que sufrieron las víctimas.
No obstante, si las víctimas hubieran tenido voz en las declaraciones, éstas hubieran estado supeditadas a las amenazas de los grupos paramilitares que supuestamente se desmovilizaron, por lo que la verdad tampoco hubiera sido posible y los atentados se habrían perpetuado contra un mismos sector. En materia de justicia, ésta nunca se ha garantizado en Colombia, y menos una justicia transicional que haya permitido la construcción de un relato colectivo de los hechos.
Una muestra histórica de justicia que ha garantizado el derecho a la verdad fueron los juicios de Núremberg, los cuales se convirtieron en fuente principal para dar a conocer al mundo los horrores cometidos en el Holocausto, ya que tanto los victimarios como las víctimas pudieron dar su testimonio. Tan es así que estas historias son conocidas en el mundo por medio de películas, relatos y libros, que alarman a la sociedad para que esto no vuelva a ocurrir. Aquí nada de eso hemos logrado.
Es preciso decir, que estos juicios surgieron con el fin de un régimen, pero en nuestro país desafortunadamente el conflicto armado no ha cesado, y los paramilitares nunca se desmovilizaron, contrario a lo que pensaron quienes redactaron la ley, que seguramente los asimilaron a los grupos subversivos que se acogieron a procesos de paz. Entonces ¿Cómo ejecutar una justicia transicional en medio de un conflicto armado? En respuesta a este interrogante, es importante decir que el conflicto colombiano, no tiene las mismas calidades que otros conocidos en el mundo, éste tiene unas características propias que han garantizado su longevidad y mantenido su estructura, por lo que cualquier sistema de justicia que se pretenda poner en práctica debe ser innovador y consciente de la realidad que vivimos.
Es hora de conocer la verdad, de que los colombianos reconozcamos el dolor vivido por las víctimas y la culpa de aquellos que han sido protagonistas de estos atentados, y que seamos ciudadanos activos en la búsqueda de justicia. Y el gobierno, debe pensar en un medio que nos libere del conflicto, pero que no vulnere los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.