El número de líderes sociales asesinados en Colombia desde el 2016 hasta la fecha es escandaloso y sobrepasa ya los 300. El hecho ha sido denunciado incluso por la ONU. El gobierno colombiano saliente y el entrante han reconocido la necesidad de hacer mucho más para proteger la vida de estos líderes.
La vida es el bien supremo y el estado su garante, y este es el punto de partida de cualquier análisis que se haga sobre el tema. Sin embargo, hay que hacer un análisis contextualizado de que es lo que está sucediendo.
En mi opinión, el uso del término líderes sociales se ha aplicado laxamente y con una clara intención política, para incluir personas que distan de merecer este apelativo. En la mayoría de los casos no estamos hablando de Martin Luther King Jr. ni de Gandhi sino de personas que fueron participes activos del conflicto armado. En muchos casos no precisamente del lado del estado sino aliados con los intereses opuestos al mismo; es decir, intereses oscuros. Por su mismo actuar, tienen enemigos poderosos que han estado esperando mucho tiempo para pasarles la cuenta de cobro. Nuevamente, no por esto merecen ser asesinados. Se supone que hubo un acuerdo para terminar el conflicto y estas personas pueden ejercer libremente el activismo político y social.
El error de apreciación consiste en creer que lo que se consignó en papel en La Habana es fácilmente traducible a la realidad del conflicto que todavía persiste a pesar de que el gobierno afirme lo contrario. Casi todos los asesinatos sin excepción han sucedido en zonas donde la presencia del estado es tímida en el mejor de los casos. Es cierto que una parte del principal actor armado ilegal del conflicto se desmovilizó, pero los vacíos de control territorial han dejado una situación peor. Antes del pacto, se estaba frente a un grupo delincuencial, las Farc, jerarquizado y que ejercía su actividad criminal de forma organizada. La lucha por copar los territorios abandonados y donde aún no llega el estado, ha generado una lucha asimétrica e impredecible entre grupos ilegales para hacerse con el control. En este contexto es difícil proteger la vida de quienes viven en esas zonas y fungen de líderes sociales y que son asociados con un lado del conflicto. ¿Es acaso la solución proporcionarles esquemas de seguridad personalizado? A este paso vamos a terminar mitad de los colombianos cuidando a la otra mitad.
La solución a la crisis no son esquemas personalizados sino presencia efectiva del estado en esas zonas y comunidades. El esquema personal es una medida de corto plazo pero no va al meollo del problema. Además, el costo para los contribuyentes de estos esquemas de seguridad es escandaloso. Si pudiera escribir una columna diaria para decirle y recalcarle al entrante presidente que su obsesión por los próximos cuatro años debería ser el control efectivo del territorio por parte del estado, lo haría. El reto en el tema de seguridad es enfrentarse y derrotar una violencia amorfa, irregular y sin una estructura clara. Es un reto porque implica que las fuerzas del estado están obligadas a adaptarse al modo operandis de estos nuevos-viejos actores de la violencia. Para decirlo en plata blanca, la estrategia de seguridad utilizada por Uribe en su gobierno ya no sería muy efectiva. Hay que ver que tan adaptable son nuestras fuerzas del orden. Las fuerzas del orden necesitan una reingeniería.
P.S: Opino que no es conveniente desde ningún punto de vista que Uribe asuma la presidencia del Congreso. Para liderar una bancada no se necesita un título formal, y la presidencia de Uribe sería echarle leña y gasolina al fuego. Hay que ser y parecer, y es inconveniente que el Congreso se convierta en mero tramitador del Ejecutivo, porque si este fuera el caso, ¿entonces para qué Congreso? Cerrémoslo y nos ahorramos mucho dinero y dolores de cabeza. El Congreso representa a la sociedad en general y no al Ejecutivo y por esto es el foro natural y por excelencia para el debate y el control político. Esta esencia no puede perderse, y la presidencia de Uribe lo haría.