La expresión democrática de Colombia ha sido clara en respaldar las modificaciones a los acuerdos. Primero una mayoría lo expresó votando NO en el plebiscito, después lo hicieron más de 10 millones de colombianos que respaldaron al presidente electo Iván Duque, quien desde el inicio de campaña asumió el compromiso de hacer ajustes necesarios a los acuerdos.
El pasado miércoles en las sesiones extraordinarias, el Congreso de la República aprobó las dos proposiciones que como vocera del CD en el tema hice al procedimiento de la JEP. Sin embargo, el tema de las FFAA no puede entenderse una modificación de los acuerdos. Seamos claros en eso, aquello no hizo parte de la mesa de negociación. No hizo ni hace parte.
Lo primero es destacar que logramos que el procedimiento adversarial de la JEP, es decir el diseñado para quienes se declaran inocentes, cuente con más garantías. Tomamos los elementos más importantes de la Ley 906 sobre procedimiento penal, que incluyen audiencia preparatoria para develar todas las pruebas, incluimos controversia de todas las pruebas en la audiencia de juzgamiento, eliminado además las funciones de policía judicial de magistrados y auxiliares. Se trata de modificaciones de fondo que pretenden hacer valer la presunción de inocencia y el derecho a defender el buen nombre. Lo logramos en un acuerdo con el gobierno.
En los temas sobre los que no hubo acuerdo, como era la extradición y el procedimiento para las FF.AA. concertamos que se someterían a la plenaria, y la coalición del gobierno electo del Presidente Duque tuvo su primera victoria.
Fue aprobada la proposición según la cual la JEP en materia de extradición no podrá practicar pruebas ni pronunciarse sobre el fondo del asunto. Se limita a verificar que los hechos a los que se refiere la solicitud de extradición sean posteriores a la firma de los acuerdos. Tiene que haber certeza de que la JEP no se convertirá en refugio de criminales, y dar el mensaje de la gravedad que supone irrespetar los acuerdos.
La segunda proposición establece que los procesos de los miembros de las Fuerzas podrán iniciar o continuar su trámite una vez exista un procedimiento especial y diferenciado para ellos. Sin embargo, los miembros que no lo deseen, podrán solicitar de manera que el proceso continúe con el procedimiento aprobado.
En materia de nuestras Fuerzas logró un avance, sin embargo, la JEP necesita reformas de fondo en esta materia. El compromiso de nuestro presidente electo Iván Duque tiene tres lineamientos básicos:
Habrá una sala especial, diferente, simétrica y simultánea a aquellas destinadas a las Farc y a terceros. El procedimiento garantizará la presunción de inocencia, lo que permitirá la defensa del honor y el buen nombre. Quedando descartado el procedimiento favorezca la confesión como incentivo para garantizar la libertad. La confesión a cambio de la libertad solo es aceptable para criminales.
Los magistrados, a diferencia de los actuales, tendrán amplio conocimiento en DIH y en manuales operacionales de las Fuerzas, y además serán elegidos en un proceso trasparente que asegure su imparcialidad.
Habrá una defensa institucional que con permanente atención defienda el nombre de las instituciones de la Policía y el Ejército.
Hay un anhelo de no hacer trizas los acuerdos, y el Presidente Duque lo honra al haber reconocido la existencia de la JEP. Al tiempo que hay una expresión democrática que quiere avanzar en las modificaciones necesarias para honrar los compromisos de justicia verdad, reparación y garantías de no repetición, que compartimos todos los colombianos. Hay que advertir que esa discusión será dura, pero estoy segura de que el Presiente Electo respetara ambos sectores de Colombia y avanzara en una política de Estado. Ojalá los opositores que están dejando el gobierno honren su compromiso con la democracia y estén dispuestos a construir en la diferencia; nosotros lo estamos.