Tenía razón Tácito al decir que “Las leyes son numerosas en los Estados corrompidos”. En Colombia tenemos al menos 12 leyes, 4 convenios internacionales, y un sólido cuerpo jusrisprudencial vigentes para combatir la corrupción y aun así nos convocamos a una Consulta Anticorrupción de siete propuestas porque pensamos que con más leyes resolveremos el problema.
Las leyes 42 y 80 de 1993, las 134 y 136 de 1994, las 472 y 489 de 1998, la 610 de 2000, la ley 850 de 2003, el Estatuto Anticorrupción, la 1712 de 2014, la Ley Antisoborno, el Código Penal, la Convención Anticohecho de la OCDE, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, y la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto contienen mandatos precisos para luchar contra la corrupción en Colombia.
Si bien la Consulta tiene un objetivo legítimo, su impulso es emocional, aprovecha el malestar momentáneo y generalizado contra la corrupción de gran parte de los colombianos. No surgió como resultado de una reflexión profunda sobre las causas de la corrupción en Colombia que derivara en una contundente apuesta legislativa que corrigiera la ineficacia de tantas leyes vigentes, nació debido a que los siete puntos propuestos fueron tramitados en el Congreso en forma de leyes pero fueron rechazados.
Siendo así, el problema no es falta de leyes para frenar la corrupción, es la incapacidad de nuestros congresistas para atender el llamado legislativo de la sociedad. Por lo tanto, si de verdad somos doce millones de colombianos (los que necesita la Consulta para aprobarse) deseando legislación dirigida a combatir eficazmente la corrupción, ¿por qué no escogemos un Congreso que nos garantice tal legislatura? En otras palabras, una consulta popular no resolverá la mala elección ciudadana.
Y esto es tan cierto que ahora podemos ver a ciudadanos dándose golpe de pecho promoviendo la Consulta Anticorrupción, pero que el pasado 11 de marzo votaron por partidos y candidatos al Congreso de indiscutible trayectoria corrupta. ¡Absurdo!
Ahora bien, quien se remita al articulado de la Consulta Anticorrupción con una perspectiva crítica objetiva y revise el documento argumentativo de la Consulta, publicado en www.vencealcorrupto.com, notará que no todos los puntos tienen por argumento la corrupción. Por ejemplo, las propuestas de disminuir el salario de congresistas (punto 1) y limitar el número de períodos que pueden ser escogidos los miembros de las corporaciones de elección popular (punto 7), tienen por criterio la desigualdad económica y el acceso al poder, respectivamente, y no la corrupción. Y tiene sentido, porque si existiera relación entre los salarios de los congresistas y la corrupción, significaría, entonces, que si redujéramos el ingreso mensual de los congresistas a un salario mínimo legal, reduciríamos la corrupción a su mínimo nivel; o que si decretáramos sus funciones como una actividad ad honorem, desaparecería por completo la corrupción. ¡Por favor!
No existe tal relación entre salarios de congresistas y la corrupción. El problema no es cuánto se gana un congresista colombiano, es lo que hacen cuando están en el poder. Prueba de ello es que mientras que los congresistas chilenos ganan más que los colombianos, Chile está en el puesto 26 del ranking de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, y Colombia en la posición 96.
Tal inconsistencia hay en el punto 7. Es cierto que hay ediles, concejales, diputados, y congresistas que repiten ilimitadamente sin méritos de gestión y de actuaciones públicas cuestionables, pero restringir el número de períodos sanciona no sólo a los políticos de mala gestión o conducta, sino también a los buenos y que merecen estar allí las veces que la ciudadanía así lo estime. Una iniciativa efectiva contra la corrupción debería fortalecer los mecanismos para detectar a tiempo a los corruptos y sacarlos de las corporaciones, no limitar el período.
Un último dato. Se estima en cerca de 360 mil millones de pesos el costo de la Consulta Anticorrupción, es el alto costo que pagaremos los colombianos en nombre de los mecanismos de participación por una iniciativa buena en espíritu, pero descuidada en cuerpo; con un futuro jurídico a la intemperie así alcance la votación requerida.