Según la Contraloría General de la Nación los colombianos pagaremos 13 mil millones de dólares por la corrupción en Reficar. Para la Fiscalía, el gobernador de Córdoba habría autorizado el pago de 1,525 millones de pesos a IPS San José para atender pacientes inexistentes con hemofilia. A través del Programa de Alimentación Escolar los corruptos despilfarraron al menos 49 mil millones de pesos del Estado. A lo sumo, se estima que anualmente la corrupción dilapida cerca de 50 billones de pesos de los colombianos.
Y como si las cifras no alcanzaran: un fiscal anticorrupción detenido y solicitado en extradición por los EE.UU. por pertenecer, paradójicamente, a un cartel de corrupción integrado con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y miembros del Congreso de la República; en Barranquilla acaban de capturar a catorce policías por apoderarse de 14 kilos de cocaína y 8 de marihuana incautados en operativo policial; etc. En resumen, corrupción en todos los niveles institucionales y de proporciones impensables.
De manera que sobran razones para entender por qué ha surgido un sentimiento generalizado de rechazo a la corrupción entre muchos colombianos, aprovechado en buen momento por quienes promueven la Consulta Anticorrupción para combatir este fenómeno que tanto daño le hace a la sociedad colombiana.
Dicha Consulta busca disminuir el salario de los congresistas y funcionarios señalados en el artículo 197 de la Constitución (1), eliminar el beneficio de reclusión especial para los corruptos (2), dar mayor transparencia a la contratación pública (3), conceder a los ciudadanos un mayor control sobre el uso de los recursos de inversión del Estado (4), exigir anualmente rendimiento de cuentas a congresistas y demás corporados sobre sus actuaciones en ejercicio de su deber público (5), conocer el patrimonio de los funcionarios escogidos popularmente y aplicar extinción de dominio sobre la riqueza ilegalmente adquirida en ejercicio de sus funciones (6), y limitar a tres elecciones el período que pueden permanecer en las corporaciones los congresistas, diputados, concejales, y ediles (7).
Si bien la iniciativa nace de un descontento sentido quizás por la mayoría de los colombianos, son considerables las exigencias para permitir la aprobación de los siete puntos propuestos en la Consulta. Por un lado, por condiciones electorales la Consulta tendrá que alcanzar una votación cercana a los 12 millones de votos, y cada punto deberá obtener más de 6 millones de votos para su aprobación. Por otra parte, alcanzado el número de votos exigidos, deberá pasar el examen de la Corte Constitucional, revisión que, en aras de un uso eficiente del costo de la Consulta, ha debido realizarse antes de votarse, pues sería un verdadero despilfarro que, habiendo alcanzado la votación para ser aprobada, luego resulte que jurídicamente no es viable.
Pese a todos los desafíos que enfrentará la Consulta, el próximo 26 de agosto los colombianos podrán votar siete veces Sí si desean aprobar los puntos propuestos por la Consulta. Se apruebe o no, con seguridad la clase política recibirá un mensaje de rechazo a los actos de corrupción que vienen azotando a nuestro país.