Esta semana me puse en la tarea de evaluar las propuestas que el gobierno del presidente Santos hizo en sus Planes Nacionales de Desarrollo para impulsar el crecimiento del sector agropecuario y encontré los siguientes resultados.
En materia de política de tierras, creó tres nuevas entidades -La Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras y la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de tierras-, que les cuesta a los colombianos $ 67.000 millones en funcionamiento al año, con unos resultados de gestión muy pobres.
La Unidad de Restitución de Tierras, sólo pudo llevar ante los jueces 15.132 casos de las 112.117 solicitudes de restitución de tierras radicadas y sólo pudo restituir físicamente 5.739 predios. En términos de área, sólo pudieron restituir 291.854 hectáreas de 6 millones que supuestamente fueron despojadas en los últimos 20 años. Hasta el creador de la Ley, el exministro Juan Camilo Restrepo, reconoció el fracaso de este costoso e ineficiente programa.
En la Agencia Nacional de Tierras, el desorden es peor. Las cifras oficiales hablan de 180.000 procesos de solicitud de titulación de predios baldíos sin resolver, más de 2 millones de predios de pequeños campesinos sin formalizar sus títulos y un atraso impresionante en los procesos agrarios de clarificación, deslinde de tierras de la Nación y recuperación de baldíos indebidamente ocupados.
La nueva Agencia de Desarrollo Rural, a la cual le asignaron una chequera de $395.000 millones al año, va a entregarle al nuevo gobierno, un sector agropecuario, donde el 66% de los agricultores no tiene sistema de riego, el 83% no cuenta con infraestructura de almacenamiento, el 86% no tiene maquinaria agrícola y el 90% nunca ha recibido el servicio de asistencia técnica. Ni siquiera, fueron capaces de poner a operar la represa del rio Ranchería en La Guajira.
El grupo de entidades responsables del financiamiento del sector agropecuario colombiano, conformado por Finagro, Banco Agrario, Fiduagraria, Bolsa Mercantil y la Dirección de Financiamiento del ministerio de Agricultura, le entregan al nuevo gobierno un esquema de crédito ineficiente que sólo le llega al 8% de los productores del campo. Un esquema de financiamiento donde el 50% de los créditos está concentrado en cinco de los 32 departamentos del país. Un sistema de crédito que no tiene nada de fomento porque sólo el 18 % de los desembolsos va al pequeño productor y el 43 % a la inversión y en el campo.
En materia de desarrollo en investigación, biotecnología y control fitosanitario, tampoco hay mucho que mostrar. Corpoica y el ICA, que manejan una chequera de $450.000 millones al año, no pudieron sacar adelante la productividad del campo, ni los programas de trazabilidad e inocuidad para poder lograr mayor admisibilidad de nuestros productos en los mercados externos.
Como pueden observar, el actual gobierno entrega un sector agropecuario abandonado, ineficiente y politizado. Ahora le toca al gobierno entrante la imperiosa tarea de convertirlo en los próximos cuatro años, en un sector productivo, competitivo y rentable.