Aunque parezca un impuesto raquítico, el pago de 4 pesos por 1.000, no deja de ser un monstruo que quebranta el bolsillo de los colombianos y desestimula el incremento del empleo nacional. Este fenómeno nació el 16 de noviembre de 1998, mediante el decreto 2331, que impuso un gravamen del 2 por mil en cada movimiento bancario que se realizara en el país, el decreto aclaraba que vencería el 31 de diciembre del año siguiente. Aún no guardaba dos meses de vigencia cuando la ciudad de Armenia, en 28 segundos fue devastada por un sismo que afectó al eje cafetero. Una de las actividades económicas que genera divisas al país, fue altamente afectada, la totalidad de las fincas cafeteras fueron completa o parcialmente demolidas, los bancos y entidades financieras no pudieron entregar dinero por varias semanas. Debido a la hecatombe de Armenia los recaudos de este decreto no alcanzaron a cubrir la reconstrucción del eje cafetero. El decreto 633 del 2000, le dio gravamen de carácter permanente y se incrementó al 3 por mil. Esta medida además de afectar económicamente a los usuarios de los bancos, fue causa de falta de confianza ante las decisiones del Estado. Mediante la Ley 863 de 2003, el impuesto se agrandó al 4 por mil. Paralelo a esta norma también se ensanchó el desempleo nacional.
Empresas multinacionales que alcanzan a girar cien mil millones de pesos por mes, deberán cancelar al Estado cuatrocientos millones de pesos, suma que los obliga a no generar más empleos y echar a la calle 400 empleados cuyo salarios alcanzaban al millón, y para no desestabilizar la marcha de sus empresas, prefieren reforzar el trabajo a otros, a cambio de un pequeño incremento en su salario. Más de 30 multinacionales constreñidos por esta medida, adoptan el elemental método de enviar a casa a un centenar de sus colaboradores.
No procuro en estos renglones, entender el recaudo de esta medida, lo cierto es que antes de su existencia el desempleo no cubría el porcentaje de dos dígitos, hoy se nota que el 10% es superado en casi todos los departamentos. De seguir así, este pequeño monstruo que está cerca de cumplir 20 años lesionando a los ahorradores colombianos, nuevamente tendremos que recurrir al tradicional chanchito o guardar el dinero debajo del colchón, medida que priva de la vida crediticia al ciudadano del común, que tan urgentemente la necesita.
El Estado sabe hasta qué punto es lesivo esta norma, incluso en el año 2010 se creó la Ley 1430, la cual convocaba que este impuesto tendría un desmonte gradual, pasando al dos por mil en los años 2014 y 2015, uno por mil en los años 2016 y 2017 y a partir de este año (2018) desaparecería (Ley 1694 del 2013), pero, antes que llegara a su fin, la 1739 de 2014 la postergó al 2019.
En diciembre del 2016 el presidente sanciona la ley 1819 (Reforma Tributaria), que aumenta el IVA del 16 al 19% y además requiere cárcel y millonarias multas a quien evada impuestos.
Arturo Calle, anunció que se vio obligado a despedir a 400 colaboradores, por no poder con la carga del 19% del IVA, más el 4por mil, por sus movimientos bancarios.
A partir del 7 de agosto comienza un nuevo mandato presidencial, los banqueros, los gremios, los ahorradores y todos aquellos ciudadanos que necesiten de vida crediticia deben clamar para que la derogación de este impuesto sea inmediata. Lo cierto es que los perjuicios ocasionados al ahorro durante 20 años, nunca podrá establecerse.