En la actual carrera presidencial, se retoma de manera tangencial la cuestión de las disparidades en el mundo del trabajo, pero no se asumen como el centro del debate para una vida digna del trabajador, sus organizaciones y para el crecimiento sostenible de las empresas, elementos esenciales para que una sociedad viva mejor.
Persisten deudas sociales con el mundo del trabajo que se han aplazado desde la expedición de la Constitución de 1991, como sería la reglamentación de un estatuto del trabajo que contenga los derechos, principios y valores mínimos en la materia. Es el momento de saldarlas en la generación de la Paz.
Es clave subrayar que nuestro longevo Código Sustantivo del Trabajo, requiere de su actualización en algunos temas complejos que permitan su integración a la perspectiva del trabajo actual. Por ejemplo, así se satanicen algunas de las recomendaciones de la OCDE en materia laboral para el ingreso del país a esta organización o no se hayan reglamentado determinados pactos de la OIT, más allá de acertadas acciones, como la implementación de la oralidad en la técnica procedimental, es necesario avanzar, en desarrollos normativos que posibiliten más garantías como que la negociación colectiva sea sectorial y regional o por rama de actividad; se regulen los pactos con trabajadores no sindicalizados y se imponga que se conforme un solo equipo negociador, con unidad de pliegos, cuando haya varios sindicatos en una misma empresa; se permita el derecho de asociación y de negociación colectiva en la fuerza pública y se amplíen los derechos del trabajo en la ruralidad; se admita el derecho de huelga en las organizaciones de trabajadores de segundo y tercer grado; y se pueda, por ejemplo, concertar el salario mínimo sectorial o regional, entre otros asuntos que hacen parte de la agenda laboral para la Paz, en las políticas públicas del trabajo decente en Colombia.
Esta política pública, además de mejorar las relaciones laborales en el país, fortalecer el diálogo social, desarrollar los derechos fundamentales del trabajo, implementar los Acuerdos de Paz y de avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros como la abolición del trabajo infantil, de la discriminación laboral, o para el establecimiento de un piso de protección social en la ruralidad y de porcentajes de inclusión, con estabilidad reforzada, a población vulnerable y en debilidad manifiesta, entre otros a mujeres, personas con discapacidad, víctimas, desmovilizados, etnias, enfermos de actividades riesgosas; así como es importante que a través de la política de trabajo decente, se ponga freno a la progresiva informalidad laboral, subcontratación ilegal y a la intermediación laboral irregular, y coto a la implementación de dispositivos, tal vez como el contrato sindical, que hacen elástica la tercerización.
Otro asunto, fundamental para la sana armonía en el mundo del trabajo, tiene que ver con la lucha contra la discriminación, segregación y violencia contra líderes o trabajadores sindicalizados. Allí es clave avanzar en la reparación colectiva del movimiento sindical con más de 3000 víctimas en las noches de niebla; para esto se requiere hacer sostenible la Mesa Permanente de Concertación con las Centrales Sindicales, que acuerde y desarrolle las medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, y en los componentes político, material y simbólico. Es allí cuando se demanda fortalecer la protección a organizaciones sindicales, sus líderes y afiliados y hacer eficaces las sanciones frente a conductas contra la libertad sindical. Si se elimina la violencia contra sindicalistas, aumentará la tasa de sindicación, de esta manera, en un círculo virtuoso, se garantizarán aún más los derechos fundamentales del trabajo en las organizaciones de trabajadores y se harán las empresas más sostenibles, más productivas y con menos conflictividad laboral.
Quizás el aspecto más crucial de la política de trabajo decente, es la interiorización y empoderamiento de una ciudadanía laboral. Para esto, es necesario, obligar a reformar pensum académicos, para que se implementen módulos sobre derechos fundamentales del trabajo y empleo digno, principalmente, en el Sena en los niveles de la formación para el trabajo, en la Esap en su programa de administración pública territorial y en las carreras profesionales de las universidades. Ampliar la democracia, requiere se realicen los derechos fundamentales del trabajo con políticas modernas, adecuadas, eficaces de trabajo decente que se dirijan a mejorar las relaciones laborales en el país, la productividad y la calidad de vida. La igualdad de oportunidades de acceso a un trabajo decente y a un empleo digno, es una de las rutas fundamentales para la construcción colectiva de un nuevo país, más equitativo y más humano, en Paz con justicia social.