¡89.5% de las víctimas bajo la línea de pobreza!

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Sofía Gaviria Correa

Sofía Gaviria Correa

Columna: Opinión

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La semana pasada, nos pronunciamos ante los medios de comunicación sobre el indignante panorama del incumplimiento de la reparación a las víctimas como política de Estado.  La ejecución de la ley 1448 de 2011 (que inicia su vigencia el 1 de enero de 2012), ha sido una completa frustración para los 8.666.577 víctimas registradas. A pesar de que en estos seis años de vigencia de la ley se han gastado más de 61 billones de pesos, sólo se ha reparado materialmente a 761.689, poco más del 8% de las víctimas (y casi la mitad de estas reparaciones se realizó antes de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas).  Mucho más grave, no ha habido una sola víctima reparada integralmente, como exigen los términos de la ley.

De que la multimillonaria política de Víctimas de este gobierno no ha sido más que un modo de satisfacer el afán de corrupción y politiquería de sus allegados, son evidencia puntos como los siguientes:

- La Unidad de Victimas, en seis años, sólo ha invertido 104.000 millones en proyectos productivos para las víctimas, de los cuales no se ha medido el impacto y no se ha garantizado la sostenibilidad, como obliga la ley, para la superación de la vulnerabildad de las víctimas. ¿O sea que la Unidad de Víctimas necesita pagar cientos de miles de millones en nómina, contratistas y convenios, para invertir solamente 26.000 millones en proyectos productivos para víctimas al año?

- En 2011 se reparaban 1.900 víctimas diariamente. En 2016, se reparan sólo 330. Pero, para cumplir las metas de la ley, deben repararse 3.400 víctimas diariamente.

- De 6.554.922 víctimas en condición de vulnerabilidad, sólo 54.940 superaron esta condición tras ser indemnizadas.

- El 89.5% de las víctimas están por debajo de la línea de pobreza, y el 72.23% tiene ingresos inferiores a la línea de indigencia.

Que el 93% de las víctimas no hayan sido reparadas materialmente y que ninguna de ellas haya recibido reparación integral, a pesar de que el gobierno de Santos haya creado más de 100 programas en 26 instituciones, que, supuestamente permitirían esa reparación, se traduce en que todo el tema de víctimas se ha utilizado para justificar burocracia y corrupción, como en el caso de los “fondos para la paz”.

Mi conclusión es que La Ley de Víctimas, en manos de este gobierno, no ha sido más que una herrramienta politiquera y oportunista que les ha hecho un doble daño a las víctimas: por un lado, no las ha reparado, y, por  el otro, las suspendió en el tiempo en su condición de víctimas y las ilusionó, esperando la atención del Estado que nunca llegó.  La prueba es que, de los 61 billones de pesos que había costado hasta agosto del año pasado toda la política de víctimas (según informe de la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo), se ha invertido menos de la sexta parte en la reparación de los 7 derechos  que reconoce la ley a las víctimas (identificación, salud, educación, alimentación, generación de ingresos, reunificación familiar y vivienda).

Detrás de la burocracia desmedida, está el despilfarro; detrás del despilfarro, está la ineficiencia; y detrás de todo esto, no hay más que corrupción.  Es ofensivo para todos los colombianos que la institución que se suponía repararía a los más vulnerables se haya convertido en un fortín que hace las delicias de politiqueros, mientras las víctimas siguen en absoluto abandono. Hay que empezar a decir la verdad sobre la reparación de las víctimas y sobre el manejo de los fondos nacionales e internacionales para tal fin.  Espero que los entes de control tengan la independencia y el rigor necesarios para sancionar la falta de eficiencia y los cuestionables derroches de la Unidad de Víctimas. 

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