Escrito por:
María del Rosario Guerra
Columna: Opinión
e-mail: comunicacionesmrg@gmail.com
Twitter: @CharoGuerra
Son deberes del presidente de la República velar por los recursos públicos y garantizar que prime el interés de la ciudadanía en cada una de sus actuaciones, particularmente en materia económica. Juan Manuel Santos tampoco cumplió con ellos.
En casi ocho años, el mandatario que “firmó en mármol” que no aumentaría los impuestos no sólo tramitó 4 reformas tributarias más una ley de financiamiento, sino que llevó al país a una deuda pública escandalosa y preocupante frente al futuro. El país debe 417 billones de pesos (70% es deuda interna y 30% externa), producto del derroche, del desorden administrativo y de esa “mermelada” que tristemente se hizo común para promover intereses politiqueros y proyectos personales.
El presidente y sus funcionarios se vanaglorian de una supuesta estabilidad. Pero las cifras no mienten: entre 2010 y 2017 la deuda pública de Colombia aumentó en un 109.9 por ciento, pese a que Santos tuvo la mayor bonanza de ingresos en materia petrolera y promovió reformas tributarias que le permitieron recaudar 66 billones de pesos adicionales.
Le metieron la mano al bolsillo de los ciudadanos, gobernaron “al debe”, malgastaron billones y no se preocuparon en hacer crecer el servicio (pago) de la deuda al mismo ritmo en que esta aumentaba. Eso le pone un freno de mano a la economía nacional, detiene la inversión, deteriora la confianza y deja al país en una condición de vulnerabilidad que tendrá que afrontar el próximo presidente.
Hoy, mientras compromisos pendientes como la gigantesca inversión prometida con el acuerdo Santos-Farc, la deuda al sistema financiero y laboral de entidades liquidadas o intervenidas como Electricaribe, y la dramática deuda del sector salud terminan de agravar el panorama económico del país, el presidente, su ministro de Hacienda y sus funcionarios anuncian con bombos y platillos recortes presupuestales tardíos y que impactan sectores como la ciencia, la tecnología, la recreación, el deporte y la infraestructura, pero no ponen freno al gasto ineficiente.
Faltan tres meses para que cese la horrible noche y termine el gobierno Santos. Ojalá el tiempo pasara más rápido. Ojalá no tuviéramos que recibir esta herencia del derroche, burocratización de entidades y pérdida de confianza. Ojalá en lo que resta no siguieran despilfarrando los recursos públicos y mucho menos que ellos se destinen para que el candidato del gobierno repunte en las elecciones presidenciales, agravando la crisis. Ojalá el 27 de mayo los colombianos elijan a Iván Duque y el país, por fin, comience a reconstruir sus bases y establecer una política que promueva la inversión y generación de empleos dignos, de manejo austero y eficiente del gasto público y que se focalice en beneficiar las condiciones de vida y productivas de los colombianos de bien. Porque el futuro es de todos.