Es lo que le está haciendo falta a los retrógradas y teóricos burócratas del sector público que orientan la política productiva y económica de este país. Karl Albrecht, una de las últimas leyendas del milagro económico alemán, describió el sentido común como ¨la inteligencia práctica¨, ésa que poco ponen en práctica los burócratas públicos para hacer frente a los problemas coyunturales o a los retos establecidos por el gobierno para impulsar el desarrollo productivo y social de nuestro país.
El sentido común -que viene siendo un conjunto de conocimientos fundamentados en la experiencia personal o sabiduría popular-, nos permite desechar reglas rancias y conjeturas que terminan casi siempre entorpeciendo las decisiones correctas ante cualquier situación coyuntural, tal como ocurre frecuentemente en este gobierno. En el sector agropecuario, por ejemplo, nunca se ha aplicado este principio. Empezando por el presidente de la República, quien, en su gobierno, terminó designando cinco ministros de agricultura, en su mayoría, abogados y administradores públicos. Para remate, puso a los responsables del fracaso de la política agraria en los últimos 30 años, a diseñar la política agraria para los próximos 20 años. ¡Qué locura!
Con estas desacertadas decisiones, no podía esperarse un diagnóstico peor al revelado por el Censo Nacional Agropecuario del 2014. De 5 millones de productores que trabajan en el campo, el 91% no accede a crédito. En el 2017, sólo se aprobaron 445.437 operaciones, incluyendo a los medianos y grandes productores. El censo también encontró que el 83% de los agricultores y ganaderos no reciben asistencia técnica del Estado, el 83% no tiene maquinaria agrícola, el 66% no usa sistema de riego, el 54% no tiene título de su propiedad y el 42% no ha recibido educación básica primaria. Éste es el estado de salud de un sector orientado por políticos y pseudos- expertos desde unas oficinas ostentosas en Bogotá. Burócratas de gabardina que sólo conocen el algodón en los copitos Johnson.
El sentido común tampoco ha sido puesto en práctica por quienes administran las entidades al servicio del sector agropecuario. La Agencia Nacional de Tierras, no ha sido capaz de formalizar 2 millones de predios rurales en Colombia. La Agencia de Desarrollo Rural, ni siquiera ha podido poner a operar la represa del rio Ranchería. Corpoica no tiene una sola variedad de semilla que llegue a la mitad del rendimiento de las que saca Embrapa en Brasil. El ICA, no ha podido con la roya en el café, la monilia en el cacao, la sigatoka en el banano y la tuberculosis, brucelosis y la fiebre aftosa en el ganado bovino. Por su parte, Finagro, el Banco Agrario, Fiduagraria y la Bolsa Mercantil, no han dado para financiar siquiera el 5% de la inversión del sector agropecuario.
Esta burocracia que nos cuesta a los colombianos la bobadita de $600 mil millones al año, tampoco ha podido usar el sentido común para aumentar la productividad del sector agropecuario. En la próxima columna, me ocuparé de ese tema.