El debate para elegir al nuevo presidente de Colombia se realiza en un ambiente político polarizado y tenso. En esta campaña no se aborda uno de los aspectos centrales de una democracia representativa como la nuestra que está saliendo de un conflicto armado no internacional: el rediseño institucional que se requiere para que la paz y el proyecto de nación se consolide.
Desde algunas campañas presidenciales se propone reformar parte de la institucionalidad con planteamientos como la supresión de altos tribunales de justicia y quedar solamente con un tribunal supremo. Esta es una iniciativa que invita a reflexionar sobre cómo sería la administración de justicia a futuro. No es descartable a prima facie esta propuesta, como tampoco la deliberación pública de otras opiniones, menos en un debate electoral de esta envergadura.
De entrada, lo primero que hay que hacer es imaginarse qué tipo de Estado y qué modelo de poder público funciona mejor con un tribunal supremo de justicia, y la imaginación nos conduce a un modelo de regiones autónomas.
Estados Unidos, por ejemplo, tiene solo un tribunal supremo de justicia y funciona a la perfección. El ciudadano promedio siente que se le protege y garantiza sus derechos y libertades en forma oportuna, por lo que la idea no es mala en sí misma, menos a prima facie, lo que tiene que deliberarse es el modelo de Estado-nación que debe diseñarse.
Este es el núcleo esencial que debe debatirse: el diseño institucional. El modelo de poder político en el territorio. No es posible que un país de regiones como Colombia no tenga un modelo de organización que este a tono con esa realidad. No todo debe seguir manejándose desde las altas esferas del poder centralista. “La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, enseña Abraham Lincoln, en su muy célebre discurso de 19 de noviembre de 1863, en Gettysburg. Y el pueblo son las regiones.
Al lado de las audaces propuestas de reformas constitucionales, los candidatos presidenciales tienen el compromiso de ofrecer alternativas para democratizar la Nación y, en esa línea, impulsar la regionalización como modelo de Estado-nación. La democracia como gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, solamente se concretará en la medida en que se realice una radical reforma a la Carta Política, en la que la ciudadanía de las regiones, obtenga mayores niveles de autonomía.
Este es el compromiso que deben asumir los candidatos a la Presidencia de la República. Un compromiso que tiene su fundamento en que la ciudadanía de la Región Caribe, en forma unánime, decidió que su territorio tiene el derecho a la autonomía. Ustedes –los candidatos– no pueden eludir la voluntad de los 2,5 millones de habitantes del norte del país que, con sus votos el 14 de marzo de 2010, manifestaron que tienen derecho a la autonomía política y que pueden gobernar con el criterio de sus intereses para que su destino no lo decidan otros.
En fin, todas las ideas en un debate presidencial son bienvenidas. La de un tribunal de justicia es una de estas. La idea que no puede faltar es la que expresó la voluntad política de la Región Caribe. No hacerlo es un irrespeto a su decisión. El gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo solamente se alcanzará en el momento en que se democratice el país al adoptar el modelo del poder político regionalizado. Candidatos, ¿quién dice la primera palabra?