Todo proceso de paz y reconciliación tiene sus inconvenientes. Si además le agregamos que más de la mitad del país no estuvo de acuerdo con la manera en la cual se finalizó el conflicto con las Farc, pues con mayor razón existen aún arrugas en el paño nacional para planchar o arreglar. Ello exige liderazgo para que al final triunfe el querer nacional, pero se arropen o integren en debida forma los exguerrilleros y sus familias.
Lo que es insólito e inaudito es que después de tanta generosidad, de este Gobierno con las Farc y un Gobierno anterior con el M19, los victimarios posen de manera inocente y pastoril, pero energúmena y displicente, como víctimas. Que las Farc se retiren de la campaña porque no hay garantías, no es en sí un acto que sea por su protección o que colabore con la seguridad ciudadana (aun cuando se agradece), sino un acto que acarrea un interés y cálculo político. En Colombia, desórdenes en plazas públicas en mítines políticos siempre han ocurrido, especialmente antes de los 80´s o 90´s. A María Eugenia Rojas, cuando aspiraba a la Alcaldía de Bogotá, le arrojaron un huevo y le pusieron un ojo colombino.
También terminan algunas veces en asonadas las marchas de protestas de los trabajadores u otros grupos de interés. Casi siempre llega el Esmad y la caballería y la situación es controlada con chorros de agua y gases lacrimógenos. Esto no está bien, pero no es anormal. Ahora en Cúcuta se presentó un incidente contra el candidato Petro. Que salgan espontáneos a arrojar piedras y a tratar de desbaratar manifestaciones políticas es censurable. Pero, ello, no puede ser magnificado para sacar rédito político. Personas cercanas al candidato Petro y él mismo han manifestado que se trató de un atentado y que incluso le dispararon. Que pongan la queja y denuncia de semejante acto delincuencial está bien, pero que digan, insinúen o dejen en el trasfondo la idea de que se trató de un atentado con disparos, no es más que propaganda y tratar de posar de víctimas. La institucionalidad colombiana no puede ser más generosa con Petro.
No es por ello válido que ahora pretenda usar dicho papel melodramático para sacar rédito político y que diga además que fue la policía la que no dejó hacer la reunión. Muy alejadas de la realidad estas afirmaciones. La policía tiene la obligación, en procura de la defensa del interés ciudadano, el orden público y la propia seguridad de los participantes, de disipar cualquier eventualidad que pueda generar situaciones de mayor envergadura. La fiscalía ha dicho que no se trató de ningún disparo, simplemente de golpes contundentes al vehículo, algunos de ellos con piedras.
El famoso video donde supuestamente se ve a una persona con un revólver, no muestra más que un parroquiano con un celular grabando. Los supuestos estallidos o fogonazos que se escucharon, no eran de disparos, sino el sonido propio del lanzamiento de los gases lacrimógenos. El ciudadano que apareció en los videos, asustado como todos en la manifestación, se presentó posteriormente a la policía a explicar su inocente actuar, ya que lo que tenía en su mano no era un arma sino su celular. En conclusión, claramente, hay que proteger y defender a los exguerrilleros y sus familias. Nada justifica la violencia. Se pueden hacer marchas y protestas contra la participación política de exguerrilleros amnistiados o de quienes no han pagado cárcel; es un derecho ciudadano.
Se puede votar a favor de candidatos que representen el orden, la institucionalidad y la justicia. Pero lo que no se puede hacer son asonadas contra estos individuos, aun cuando sea entendible que la falta de justicia genera más violencia, y tampoco se puede posar de víctimas para sacar rédito político, por situaciones que además fueron correctamente manejadas y controladas por la policía en legítimo ejercicio de sus funciones y en procura de la seguridad ciudadana.