Salud en riesgo, pacientes en peligro

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Hernando Pacific Gnecco

Hernando Pacific Gnecco

Columna: Coloquios y Apostillas

e-mail: hernando_pacific@hotmail.com



Cada noticia es más preocupante que las anteriores: las EPS poniéndose de acuerdo para negar servicios de alto costo, de acuerdo con las investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio; hace poco, la Supersalud quitaba una multimillonaria sanción a la mayor EPS nacional por utilización indebida de los recursos de la salud;

mientras tanto, hay EPS que desangran al erario mediante los recobros al Fosyga de eventos no POS y algunos POS, según la Federación Médica Colombiana; ya existe preocupación por pacientes que mueren por falta de atención; en el Congreso intentan pasar la ley de sostenibilidad fiscal metiendo el mico de negar derechos fundamentales como la salud para "salvaguardar" la chequera estatal.

Desde la promulgación de la Ley 100 de 1993, la salud pasó de ser un derecho inalienable de los colombianos a convertirse en un lucrativo negocio para un actor de nuevo cuño: el intermediario llamado EPS.

Si bien es cierto que la ley tenía el noble propósito de llevar oportunamente salud de buena calidad y total cobertura, el hecho cierto es que el sistema derivó en monstruosas organizaciones que practican selección adversa de pacientes y negación de servicios por común acuerdo a fin de incrementar sus jugosas utilidades, a costa también de la remuneración de los profesionales, todo ello con el resguardo de las máximas autoridades sanitarias, mientras existen crecientes denuncias de pacientes que fallecen a las puertas de los hospitales gracias a los paseos de la muerte.

Esto sin tocar aún temas más espinosos como la corrupción, la negligencia y la ignorancia de muchos funcionarios del Estado, amén de la intervención de actores que nada tienen que ver con el sistema pero que igual, asaltantes, llenan sus alforjas.

El cumplimiento de la inefable Ley 100 se convirtió en un saludo a la bandera: la "integración vertical" es una flagrante violación a la norma que específicamente la prohibía; las cooperativas de trabajo asociado fueron formas exigidas a los profesionales para evadir la contratación laboral y eludir obligaciones legales por parte de las aseguradoras y sus IPS propias.

Tal será su poder frente a los gobiernos que, a pesar de tantas y tan protuberantes como lesivas anomalías, logran detener cualquier intento de la más elemental justicia. El desgreño en el manejo de los recursos públicos casi nunca dispara las alarmas en los entes de control, como si la desidia frente al tema de la salud fuera una política oficial.

No contento el alto gobierno con tan desolador panorama, el Ministro de Hacienda, con su proyecto de acto legislativo de sostenibilidad fiscal pretende una reforma constitucional camuflada que afecta el espíritu del Estado Social de Derecho, tan vapuleado por el saliente gobierno. Es lógico controlar el gasto público: totalmente de acuerdo: pero antes que eliminar derechos fundamentales, es mejor controlar la corrupción estatal, verdadera causa de desangre de las finanzas públicas: si las coimas oscilan entre el 20 y el 50%, haga usted las cuentas, apreciado lector.

La esencia de la lucha entre el Ministro y sus opositores es si pasamos del Estado Social de Derecho que protege los derechos vitales de los colombianos a toda costa, a un Estado economicista que privilegia el control del gasto por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Mucho me temo que las EPS tienen sus esperanzas fincadas en ese proyecto de ley y aspiran a este último escenario. De cualquier modo, su razón de ser es el lucro y no el servicio.

Según algunos juristas, muchas de las conductas antes descritas caen en el terreno de lo punitivo, más allá de las implicaciones civiles o administrativas. ¿Puede constituirse en causa penal el paciente que muere por una atención negada teniendo derechos? ¿Es posible invocar el dolo eventual en esos casos?

¿Es la selección adversa consensuada un concierto para delinquir agravado? ¿Se podría configurar peculado por el manejo presuntamente doloso de los dineros públicos? ¿Cuál es la responsabilidad penal de los entes reguladores y los organismos de control del Estado? Estas y muchas otras preguntas se las hacen quienes no están indiferentes ante tanta iniquidad de muchos actores de un sistema que, por razones como las mencionadas, podrían estar pisando terrenos criminales con la presunta participación del Estado mismo cuando olímpicamente desconoce sus funciones y responsabilidades a favor de los intereses económicos terceros.

Apostilla: Sigue en magnífica racha el ariete samario Falcao García. Sus récords en Europa lo colocan como el mejor delantero colombiano de todos los tiempos en ese continente. Lástima que el fútbol nacional esté tan mal dirigido y en la selección absoluta se repitan obcecadamente los mismos manejos con técnicos y dirigentes fracasados, excepto en sus intereses.