El Ministerio de Hacienda en su informe financiero 2016 sobre el Departamento del Magdalena apenas anotó sobre la subida de tercera a segunda categoría que “La re-categorización al departamento, supone una presión adicional sobre el gasto de trasferencia, puntualmente con los recursos girados a la Asamblea. Dicha decisión impone un reto para mantener la austeridad del gasto y la eficiencia en el mismo.”. Y no dice más. O no vio nada más.
La “presión sobre el gasto” a que se refiere Minhacienda es el incremento de $2.035 millones a $3.304 millones en el presupuesto anual de la Asamblea, de los cuales $439 millones los absorbió el incremento de los honorarios de los Diputados. No obstante, esta era una obligación legal que, de no hacerlo, exponía al departamento a costosas demandas y el 33% de este impacto se amainó por la disminución de $401 millones en el Presupuesto de la Contraloría Departamental, obligado por la misma recategorización.
Pero a partir de allí se esperaban dos acciones: La primera, un ajuste en el Presupuesto de la Gobernación para complementar el impacto inicial y, la segunda, la “mano de hierro” del Minhacienda frente a los riesgos del escenario del proceso de intervención económica vigente.
Pero no sucedió ni lo uno ni lo otro.
Al contrario, respecto al presupuesto inicial la Gobernación del Magdalena incrementó $2.845 millones en nómina paralela, $2.835 millones en nómina , mas $1.919 millones en gastos generales, que suman casi la mitad de los $18.246 millones que en 2016 pagó el Departamento por inversión en el acuerdo de intervención económica.
Y, contrario también a lo segundo, Minhacienda en su informe no vio los irresponsables e ilegales incrementos salariales que hizo la Gobernación a sus empleados, entre el 15% y 30%, el cuádruple de lo que aumentaron las demás entidades públicas. En el Decreto 227 de 2016, la Gobernación del Magdalena justificó esos incrementos salariales de sus empleados por “el cambio en la categoría del departamento”, lo cual no es cierto pues por la ley 617/00 la recategorización apenas obligaba a incrementar el salario de la Gobernadora y por ende el del Contralor, así como los honorarios de los Diputados pero no a subir los salarios de los demás funcionarios. Ello también contraría la prohibición pactada en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos de “no crear nuevo gasto corriente” o permanente, como en efecto lo son estos incrementos salariales, y que sólo podían ejecutarse con “evaluación previa” del Comité de Vigilancia del Acuerdo.
Llama la atención que la “dura” mano de hierro de Ana Lucia Villa, Directora de Apoyo Fiscal del Minhacienda, no haya visto en su acucioso informe ese tremendo elefante, mientras incomprensiblemente pedía “austeridad del gasto y eficiencia”.
Como tampoco nunca ha prestado atención a estos temas la comunidad y prensa de Santa Marta, indiferentes mientras el Magdalena se volvía una ineficiente máquina de pensionar amigos: Hoy la nómina de pensionados cueste el triple de la nómina de empleados. Los grandes sacrificados son los lejanos municipios a los cuales la Gobernación, por ejemplo, les niega $15 mil millones para construir una Universidad en El Banco mientras por otro lado se gasta $9.836 millones en los ilegales incrementos salariales de 2016. Así entiende uno porque el Magdalena se hunde en el fondo de todos los rankings de desarrollo.
Por eso esta semana he solicitado al Minhacienda una explicación sobre su omisión frente a los ilegales e irresponsables incrementos salariales de la Gobernación del Magdalena en 2016 así como las respectivas autorizaciones del Comité de Vigilancia del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos vigente.