Del ejercicio de recordar

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Carlos Escobar de Andreis

Carlos Escobar de Andreis

Columna: Opinión

e-mail: calli51@hotmail.com
Hace por lo menos treinta y cinco navidades, con la fiebre de “las casas sin cuota inicial” de Belisario Betancur y tal vez un poco antes, surgieron en Colombia las llamadas organizaciones de vivienda popular. Las más conocidas aparecieron casi al tiempo y que recuerde en Bogotá, Dos Quebradas (Risaralda), Medellín, Cali y Barranquilla. Sus nombres curiosamente estaban relacionados con héroes de la historia patria que nada tuvieron que ver con el tema habitacional: Asociación Simón Bolívar, Camilo Torres, Manuela Beltrán, tal vez buscando atraer a los más pobres y a los destechados.

Creían fervorosamente en la autoconstrucción o la auto-ayuda como la vía más fácil y económica de urbanizar la tierra en la que habitarían las familias que no tuvieron la oportunidad de calificar para los programas de aquel ineficiente y excluyente Instituto de Crédito Territorial (ICT), que más tarde fue reemplazado por un peor Inurbe. Sustentaban su fervor en este sistema con la teoría de que “más del 60% de las ciudades colombianas habían sido autoconstruidas sólo con el esfuerzo individual sumado al de los vecinos” y, se referían a los barrios de invasión sobre las laderas, cauces de ríos y arroyos, sin servicios públicos, ni escuelas, parques y puestos de salud, que también eran construidos con el mismo sistema, ante la notoria ausencia estatal.

Se les hacía “mala prensa”, se les comparaba con los “urbanizadores piratas” que aún pululan al amparo de falsas denominaciones y personerías. El gobierno por un lado, trataba a toda costa de ignorar sus alcances mientras, por el otro, insistía en amarrarlas al sistema financiero vigente, al UPAC, sin que para nada se ocupara del diseño de una política pública seria que le permitiera siquiera aprovechar lo que a punta de rifas y bazares lograban conseguir y traducir en más metros cuadrados de urbanización legal y de vivienda, en menos pesos para la economía familiar y en integración social para unas comunidades en extremo desarticuladas y dispersas.

Ningún otro sitio era más apropiado que el que los viviendistas de ayer pudiera ofrecerles. Cerca de todo. De fácil acceso y conexiones. Transporte público. Buenos servicios hasta donde las ciudades los permitían. Escuelas y puestos de salud. En suma, bienes valorizables que algunos pagaban con el resto de sus ahorros y otros con sus cesantías, pero casi que de contado. Son urbanizaciones verdes, iluminadas por el color en sus fachadas, levantadas en terrenos estables, sólidos, alegres, llenas de vida, seguras, pobladas por gente amiga y solidaria que aprendieron del valor de apoyarse mutuamente para enfrentar la adversidad.

Lo escribo viendo lo que es hoy la urbanización Los Laureles de Barranquilla que arrancó en 1982 en medio del apabullante gris de las 20.000 casas “sin cuota inicial” de la “Ciudadela 20 de Julio”, que se construyó al lado del Metropolitano Belisario Betancur con el ICT y los constructores privados que terminaron poniendo sus propios nombres y el de sus empresas a los barrios (Domínguez y Sahié, Felfle, Conidec, Tcherassi, etc.), convertidas la mayoría en locales de comercio que funcionan sometidas a las reglas que les imponen organizaciones mafiosas que trafican drogas y sobornos, bajo el supuesto de brindar “seguridad ciudadana”.

Decimos que 2018 será un nuevo año en el que seguramente valdrá la pena retomar lo bueno de antes, para volverlo a mirar y en lo posible volverlo a hacer, repotenciándolo.

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